Para evitar que se vulnere la base de datos del Registro Nacional de Detenciones, así como la identidad, los derechos humanos e integridad de las personas aprehendidas, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emita un protocolo de riesgo y designe a funcionarios responsables de la integridad del sistema.

La reforma es necesaria, explicó la comisión en su dictamen, para cerrar el riesgo a una intrusión cibernética como las ocurridas a Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las secretarías de la Defensa y de Economía, e incluso la información de los reporteros asignados a la cobertura de la Presidencia.

Con los cambios, la Cámara también busca cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 24 de enero de 2023, a partir de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 26 de junio de 2019 contra el contenido de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, porque el Congreso no incluyó a los funcionarios responsables de preservar la información.

La ley regula la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, así como los procedimientos para garantizar el control y seguimiento sobre la forma en que se efectúa la detención de una persona por la autoridad hasta que se determina su situación legal.

El registro es una base de datos que concentra la información a escala nacional sobre las personas detenidas y es administrada por la SSPC, por lo que el dictamen resalta que su mayor relevancia reside en la posibilidad de facilitar el control judicial y establecer mecanismos para regular la actuación de los servidores públicos en un contexto en el que frecuentemente son violados los derechos y garantías procesales de las personas detenidas.

En las iniciativas analizadas por la comisión se citaron casos recientes de vulneración de bases de datos cibernéticas de instituciones gubernamentales, en los que el Estado ha sido incapaz de cumplir lo estipulado en instrumentos internacionales, en cuanto al deber de garantizar la inviolabilidad de la información bajo su resguardo.

Además, se prevé que será considerado un riesgo para la base de datos del registro de detenciones, cuando se presenten intentos de acceso no autorizado, flujo inusual o irregular de datos, funcionamiento anómalo del sistema o de los equipos y que la base fue vulnerada, cuando se violenten los privilegios de acceso, se detecte uno no autorizado o alguna extracción, modificación, transferencia o destrucción de datos no autorizada, o los sujetos obligados manipulen de manera inusual los datos del registro.