El auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, informó a los diputados que 15 universidades públicas del país tienen pendientes de aclarar mil 732 millones 800 mil pesos en la Cuenta Pública de 2022.

Ante los legisladores, en la última mesa de trabajo para aclarar dudas sobre la cuenta pública, el funcionario destacó que cinco instituciones de educación superior concentran más de 90 por ciento de los recursos por esclarecer.

Se trata, detalló, de las universidades autónomas de Coahuila, de Nayarit, de Sinaloa, de León y la de Chiapas, que en conjunto suman mil 592 millones 500 mil pesos en cuentas pendientes por detallar.

De igual forma, el auditor subrayó que la Universidad Autónoma de Coahuila ocupa el primer lugar por monto de recursos pendientes de clarificar del ejercicio 2022, con 613 millones 300 mil pesos; en segundo está la Autónoma de Nayarit, con 413 millones 500 mil, y el tercer sitio se encuentra la Autónoma de Sinaloa, con 254 millones 400 mil pesos.

En cuarto lugar se ubica la Autónoma de León, con 199 millones 900 mil pesos y el quinto sitio corresponde a la Autónoma de Chiapas, con 102 millones 400 mil pesos. Otras 10 instituciones estatales, subrayó, suman casi 10 por ciento del monto. Son la Universidad Autónoma de Querétaro, con 31 millones 900 mil; la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), con 29 millones 800 mil; la Autónoma de Chihuahua, con 26 millones 900 mil; la de Sonora, con 24 millones, y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 10 millones pesos.

Asimismo, la Autónoma de Tamaulipas debe aclarar 6 millones 600 mil pesos; la Autónoma Benito Juárez (Oaxaca), 5 millones 400 mil; la Autónoma de Tlaxcala, 4 millones 100 mil; la Autónoma de Yucatán, 900 mil, y la Autónoma de Campeche, 600 mil pesos.

Informó, además, que 20 instituciones de educación superior estatales no tienen montos que aclarar en la Cuenta Pública 2022.

Subrayó que en el país las universidades públicas enfrentan problemas de presupuesto y de pensiones debido a que los estados no cuentan con recursos para asignarles, y en los convenios que han firmado con la Federación se señala que los gobiernos estatales entregarán presupuesto a las instituciones académicas, si tienen disponibilidad de los mismos.