Con el voto de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó –y envió al Ejecutivo– la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que busca asegurar la producción y abasto suficiente de comestibles nutritivos y económicos, así como fortalecer la autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria del país.

La ley incluye el derecho de todas las personas, de manera individual o colectiva, a una alimentación adecuada y a disponer de comestibles para su consumo diario, así como el acceso físico y económico para una alimentación inocua, de calidad nutricional y en cantidad suficiente.

Con la nueva disposición, que enfrentó objeciones de la industria alimentaria, incluye el derecho al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente y considera prioritaria la producción familiar o comunitaria de alimentos.

Además, obliga a empresas a informar del uso de transgénicos en alimentos procesados; y prohíbe a supermercados desechar comestibles en condiciones de ser consumidos, con objeto de donarlos.

Entre los argumentos de la ley, que se aprobó por unanimidad de 420 votos, se resaltó que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2016, 21.9 por ciento de la población de México padecía de carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. En 2018 ya era de 22.2 por ciento del total de habitantes.

La ley incluye el derecho de las personas a una cantidad mínima de comida, que permita cubrir los requerimientos alimentarios mínimos para vivir con dignidad, protegido contra el hambre y la mala nutrición.

Entre las obligaciones al gobierno federal se prevé que la Secretaría de Salud sugerirá el contenido de canastas normativas en los estados, que a su vez determinarán paquetes regionales, que consideren frutas, verduras, productos de origen animal y otros alimentos de producción local o regional, de acuerdo con la época del año y derivados de una producción sostenible, así como los de las dietas tradicionales.

Además, obliga a los estados y municipios a facilitar el acceso a tierras, mediante créditos blandos, para promover la producción de cultivos locales y la producción agrícola de pequeña y mediana escala, a nivel familiar y en las escuelas, así como para la recuperación de semillas y superación de siniestros ambientales.

Se prevé que los programas de producción de alimentos incluyan un plan de excedentes y obliga a los gobiernos federal, estatal y municipal a incluir en sus políticas de compras al menos 15 por ciento de alimentos e insumos primarios directamente de los productores de pequeña y mediana escala.

Además, se prevé que la Secretaría de Agricultura opere un programa de almacenamiento de reservas estratégicas de granos básicos y semillas, y asimismo prevé la figura de emergencia alimentaria, en caso de que, en uno o varios municipios o estados, la población no cuente con alimentos o por una fuerte inestabilidad de precios.

En ese caso, se emitirá una declaratoria de emergencia, que incluye medidas para mitigar los efectos y garantizar las necesidades alimentarias de la población.