El ex dirigente del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores, recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada por parte del juez de control Juan José Hernández, en una audiencia efectuada en el Reclusorio Sur que duró ocho horas; además, concedió al acusado la duplicidad del término constitucional para que el próximo lunes determine si lo vincula a proceso.

Entre los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal están los testimonios de dos trabajadores supuestamente cercanos a Figueroa, quienes denunciaron la venta de plazas para ingresar al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México con un costo de 180 mil a 200 mil pesos.

Los fiscales afirmaron que siendo empleado y después secretario general de la corporación entre 2013 y 2018, aprovechó su posición de líder sindical para desviar recursos a cuentas bancarias de su esposa Lila Salomón López, así como de sus padres, Raquel Flores Sánchez y Daniel Figueroa Niño, quienes también están procesados por lavado de dinero. Los depósitos a su cónyuge fueron por medio de tres tarjetas American Express por 11 millones 418 mil pesos.

Pero no sólo eso, las autoridades presentaron como datos de prueba la factura de cinco vehículos y una motocicleta que Figueroa compró al mismo tiempo por un monto de un millón 924 mil pesos.

Los fiscales agregaron que en la actualidad hay 37 carpetas de investigación por la venta de plazas, amenazas y discriminación, además de que hay otras tres órdenes de aprehensión vigentes en contra del ex secretario general de los bomberos.

Los agentes del MP afirmaron que las cifras no cuadraban, ya que el salario promedio de Figueroa entre 2013 y 2018 fue de 20 mil pesos mensuales, y que en ese mismo periodo declaró al fisco haber recibido un millón 953 mil 803 pesos; no obstante, reportó operaciones por 13 millones 711 mil 24 pesos, es decir, hubo un exceso de 11 millones 757 mil pesos.

Al concluir la comparecencia, el abogado Julián Cisneros comentó que su cliente salió del país en 2018, cuando fue balaceado en la colonia Condesa al salir de un restaurante, y no porque evadiera a la justicia.

Asimismo, en 2019 la Secretaría de la Contraloría General inhabilitó por 20 años al ex dirigente sindical y lo sancionó con 187 mil 700 pesos.

El martes pasado, agentes de la Policía Federal Ministerial lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Jalisco, y ayer a las 7 de la mañana fue puesto a disposición del juez federal con sede en el Reclusorio Sur para enfrentar su proceso penal.