En nueve años el porcentaje de acuíferos del país sin disponibilidad de agua se incrementó. Pasó de representar 27 por ciento (178) de 653 en 2011 a 42 por ciento (275) en 2020, lo que genera efectos como el agotamiento de manantiales, desaparición de lagos y humedales, indica información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

La sobrexplotación de estas capas subterráneas también ocasiona la eliminación de vegetación nativa y pérdida de ecosistemas, disminución del rendimiento de pozos, incremento de costos de extracción, asentamiento y agrietamiento del terreno, contaminación del agua subterránea e intrusión salina en acuíferos costeros, entre otros efectos, indica el Análisis de los bancos del agua en México, de Salvador Navarro y Ana Isabel Wagner, divulgado en el reporte Instrumentos económicos de política hídrica de México del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Menciona que en 2020, la Conagua actualizó la disponibilidad media anual del agua en los 653 acuíferos de todo el país, los cuales tienen una recarga total estimada de 92 mil 404 millones de metros cúbicos por año. Se clasificaron 378 de ellos con disponibilidad cuyo volumen estimado es de 17 mil 963 millones de metros cúbicos anuales, mientras los 275 que no tienen disponibilidad presentan un déficit de 9 mil millones.

La mayor densidad de los acuíferos sobrexplotados se encuentra en la altiplanicie mexicana, entre el eje neovolcánico hacia el sur, y las sierras Madre Oriental y Occidental. Esta región presenta los mayores índices de evapotranspiración y aridez en el país, indica a su vez el reporte El valor, el costo y el precio del agua concesionada en México, de Alfonso Banderas y Rebeca González-Villela.

En este entorno, menciona que la Ley de Aguas Nacionales fue concebida para legalizar negocios en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos (en 1992). En general, existe consenso en que la concesión garantizó legalmente el acceso, incluso al acaparamiento, usufructo y lucro de grandes volúmenes de un bien común, ya sea directamente o a través del mercado negro de las concesiones, dado que esta ley no limita el volumen permitido dentro del margen de disponibilidad del acuífero.

Dichas licencias pagan derechos, excepto las destinadas al uso agropecuario, la minería y las embotelladoras. Más de la mitad del agua disponible se usa para generar energía, por lo que casi no paga derechos. El consumo doméstico directo aporta 22 por ciento del total recolectado por derechos, aunque sólo consume 0.04 por ciento del volumen.

Señala que antes de que se adoptara la figura de concesión, las exigencias de los cultivos y la competencia entre los usuarios establecía un equilibrio entre el libre alumbramiento y el uso inmediato. No era razonable extraer agua si no se iba a usar a corto plazo, ya que no había dónde almacenarla.

Agrega que se debe actualizar la disponibilidad del líquido considerando el caudal ecológico con el fin de reasignar los volúmenes de las concesiones de manera ecológicamente objetiva y justa, y considerar los efectos del cambio climático en la variación de la precipitación y la evaporación.