El gobierno de Veracruz no autorizó al Instituto Nacional Electoral (INE) que las personas en prisión preventiva puedan votar, mientras Yucatán adujo que está imposibilitado material y técnicamente para enviar los datos de esta población. Coahuila, Jalisco y Zacatecas no han respondido sobre el número de integrantes de este grupo que no han sido sentenciados y, por tanto, conservan sus derechos político electorales.

Este reporte, dado a conocer ayer en sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, prendió alarmas en al menos dos consejeras, quienes exigieron a la dirección jurídica del instituto ampliar las gestiones, pues se trata de un derecho humano ratificado esta semana por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El voto en prisión se realizará de manera anticipada a la elección del 2 de junio y el objetivo –por primera vez– es organizarla en 218 de los 255 centros penitenciarios del país. En episodios anteriores se han hecho ejercicios pilotos apenas en algunas entidades federativas.

Sin embargo, sólo 23 de los 32 estados han firmado los convenios marco de colaboración con el INE, fundamentales para organizar el proceso. El caso más radical es Veracruz, pues por medio de la Secretaría de Seguridad respondió al INE que no era viable la suscripción del convenio.

En una primera verificación, el Registro Federal Electoral constató que 59 mil 548 personas en prisión preventiva sí están en el padrón, por lo que recibirán una invitación del INE para votar. Hasta ahora se ha entregado el documento a un tercio de ellas.

La consejera Carla Humphrey dijo que es preocupante que un estado diga simple y llanamente que no va a firmar el convenio. Me parece muy, muy grave, manifestó.

La consejera Dania Ravel subrayó que la labor del INE depende de lo que le permitan las autoridades penitenciarias y la información que proporcionen: número de personas en prisión y sus datos personales, así como las condiciones de infraestructura de los propios centros penitenciarios.