Ciudad de Panamá. Tras más de una década de atraso en la actualización de las políticas públicas para el control del tabaquismo, México avanza firmemente en la adopción de medidas adicionales para proteger a la población, dice el director de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco de la Secretaría de Salud (Ssa), Alejandro Tenorio.

El funcionario asiste en Panamá a la conferencia mundial (COP10) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), donde más de 160 países discuten acerca de avances y retrocesos en el esfuerzo para derrotar a la epidemia del tabaquismo, que mata anualmente a 8 millones de personas, de las cuales 61 mil son mexicanos.

Las enfermedades asociadas al tabaco cuestan más de 116 mil millones de pesos al sistema de salud mexicano y ser le agregan 71 mil millones en costos indirectos (pérdida de productividad).

Estábamos muy atrasados, pero venimos con muy buenos avances: se reformó la ley, el reglamento, se prohibieron los productos emergentes, la ley de impuestos se modificó, se avanzó en prohibición de publicidad, espacios libres de humo de tabaco y emisiones, resume.

Sin embargo, advierte que a pesar de que hemos sorteado obstáculos importantes para la publicación de estas reformas, vemos como la interferencia de la industria, a través de mecanismos legales, bloquea que se pueda llevar a cabo integralmente estas políticas.

Menciona por ejemplo que las prohibiciones de publicidad en los espacios de venta y de comercialización de productos emergentes (tabaco calentado y vapeadores) enfrenta una batalla legal promovida por la industria.

Tenorio asegura que es total la voluntad política de impulsar las reformas, porque más que el derecho al comercio, lo más importante es proteger la salud de la población.

Lo anterior se manifiesta en la intención de elevar a rango constitucional la prohibición, así de determinada está la administración bajo el liderazgo del presidente López Obrador, porque se ha demostrado que estos productos son dañinos, no cumplen con aquello que prometen. Los dispositivos electrónicos, añade, son el siguiente paso de la industria de cigarrillos: cuando se demostró que hacían daño inventaron el filtro y ahora traen estos dispositivos.

Además de los costos millonarios a la salud pública y de que el tabaco mata a los fumadores pasivos sin haber tocado un cigarrillo, están los daños ambientales, todo lo que se genera por el desperdicio de colillas y los nuevos productos.

También plantea que la respuesta a la resistencia del comercio a acatar las normas de espacio libres de humo es la sensibilización, porque la encuesta global de tabaco 2023 dice que más de 80 por ciento de la población mexicana favorece estas políticas.

En cuanto a los impuestos al tabaco, que representan alrededor de 65 por ciento del precio de una cajetilla, expresa que el siguiente paso es explorar la posibilidad de aumentarlos y que sean etiquetados para que vayan al tratamiento de las enfermedades.

Menciona que los argumentos de la industria acerca del efecto de los impuestos en el comercio ilícito no están respaldados por evidencia y agrega que México está en proceso de adherirse al Protocolo Contra el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, un anexo del CMCT.

En cuanto a los resultados que debe producir la COP10, menciona mantener la prohibición de comercialización de los productos emergentes, consolidar grupos de expertos que sigan generando evidencia acerca del efecto de los productos y sería un paso importante aprobar todo lo relacionado con el artículo 5.3 del Convenio, que es blindar las políticas públicas de la interferencia de la industria, que nos está frenando el avance efectivo de muchas políticas en muchos países, es nuestro principal reto.

Según la Encuesta Global de Tabaquismo en adultos 2023, en México hay 14.6 millones de fumadores, 15.6 por ciento de la población. La prevalencia es de 24.3 por ciento en hombres y 7.4 por ciento de mujeres que fuman regularmente.