Al insistir en que se crearon para garantizar intereses privados de diversa índole, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a la Cámara de Diputados la desaparición de siete órganos constitucionales autónomos e insistió en su propuesta de compactar áreas administrativas, propuesta que ya había enviado en abril pasado.

En los artículos transitorios se prevé que las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos se destinarán al fondo de pensiones para el bienestar.

En dos iniciativas en materia de austeridad y de simplificación orgánica, el mandatario resaltó que durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto y, en ese sentido, consideró necesario replantear su funcionamiento porque, adujo, en los hechos duplican funciones y tareas del Ejecutivo federal.

De esa manera, proyectó regresar las atribuciones de organismos a las dependencias que contaban con las facultades que actualmente se dispersan en distintos entes.

En la lista incluyó la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. Asimismo, los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, además del organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

En la iniciativa para racionalizar la estructura orgánica de la administración pública –que se quedó en la congeladora legislativa– persistió en suprimir, trasladar, integrar, convertir, contraer o fusionar unidades administrativas”, a fin de reorientar el presupuesto a gasto en educación, salud, vivienda y seguridad ciudadana.

La reforma incluyó transferir las atribuciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. También la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, los institutos Nacional de Ecología, de Economía Social, Mexicano de la Juventud y de Personas Adultas Mayores, el Consejo de la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la Dirección General de Publicaciones, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y la procuraduría y la comisión de defensa del contribuyente y usuarios de servicios financieros.