Luego de mantener por cuatro años distintos decretos y medidas para prohibir la venta de cigarros electrónicos o vapeadores, el Ejecutivo federal propuso –en medio del paquete de reformas presentadas ayer a la Cámara de Diputados– que se defina a nivel constitucional la prohibición de producción, distribución, comercialización y enajenación de esos productos, al mismo tiempo que busca agregar en dichos vetos a los precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo.

Establece en la moción que queda vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción de las citadas sustancias tóxicas.

Entre la veintena de iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador está una modificación a los artículos cuarto y quinto constitucional en materia de Protección a la Salud por el uso de Sustancias Tóxicas, ya que se expone que han generado en el mundo miles de casos graves y muertes.

Al referir los daños a la salud por el uso de vapeadores, luego que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios confirmó la presencia de sustancias altamente tóxicas no son reportadas por los fabricantes, se subraya que en México, dicho problema de salud pública se ha incrementado, sobre todo entre niñas, niños y adolescentes debido a la publicidad masiva, mayormente en redes sociales.

Agrega que pueden generar problemas respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar y derivar en el riesgo de desarrollar enfermedades graves, no vistas hasta ahora en personas fumadoras de cigarrillos combustibles, así como problemas cardiovasculares con riesgo de infartos y cáncer.

Ante ello, en la proposición del Ejecutivo queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo, cuyo impacto global es de severas consecuencias.

En 2020, el gobierno federal emitió un decreto para prohibir la importación de cigarros electrónicos, y tras amparos promovidos para impedir su efecto, se reiteró la medida en Ley General para el Control de Tabaco, no obstante, en octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la fracción que impide la venta de vapeadores, era contraria a la libertad de comercio, al principio de igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. La nueva iniciativa está sustentada en el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, definido en el artículo cuarto de la Constitución.