l presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al fiscal general saliente, Francisco Barbosa, de encabezar un intento de golpe de Estado bajo manto institucional. En los 19 meses del mandato de Petro, el funcionario al que sólo le quedan nueve días en el cargo ha usado y abusado de sus facultades a fin de descarrilar al primer gobierno de izquierda en la nación andina. En este periodo, ha emitido todo tipo de órdenes arbitrarias para judicializar al entorno político y personal de Petro e impedirle cumplir con el mandato que los ciudadanos le otorgaron en las urnas. El más reciente de estos actos consistió en intervenir al sindicato de maestros bajo acusaciones de financiamiento ilegal a la campaña del ex alcalde de Bogotá, quien llamó a la movilización popular para frenar a los sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía que buscan la salida del Presidente elegido por el pueblo.

Es necesario tomar en serio las afirmaciones del titular del Ejecutivo. No puede soslayarse que la derecha colombiana es una de las más cerriles y despóticas del continente, ni que históricamente ha echado mano del asesinato para deshacerse de cualquiera que presente una alternativa a su dominación. Buena parte de la clase política que mantuvo las riendas del poder hasta la llegada de Petro defiende sin disimulo esas acciones y tiene nexos o simpatiza con los grupos paramilitares que asolaron al país hasta inicios de siglo, los cuales continúan asesinando de manera sistemática a líderes obreros, campesinos y ambientalistas. Así quedó de manifiesto con la reivindicación del terrorismo de Estado que llevan a cabo algunos sectores de la oposición al primer gobierno de izquierda en la historia colombiana.

De manera lamentable, millones de colombianos que han sido intoxicados por décadas de omnipresente propaganda conservadora apoyan el recurso de la violencia para sofocar movimientos sociales progresistas, erradicar cualquier política que (según los delirios de la ultraderecha) conduzca al comunismo, e imponer los intereses de una oligarquía obsesionada con las más rancias ideas de estatus y sumisión de las mayorías. La aquiescencia de fiscales, jueces, legisladores y una significativa porción de la sociedad hacia los métodos antidemocráticos de quienes detentan el poder económico ha facilitado la impunidad de sucesos inadmisibles en cualquier estado de derecho: cuando Petro llevaba menos de dos semanas en el cargo, un convoy de su avanzada de seguridad fue baleado en una región que visitaría días después; en enero de 2023, un artefacto explosivo fue colocado en el camino que lleva a la casa de la vicepresidenta Francia Márquez, activista de larga trayectoria y primera persona afrodescendiente en alcanzar ese puesto. Márquez ya había sufrido un atentado con granada y fusiles en 2019 por su labor en la defensa del medio ambiente. En marzo del año pasado, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, Augusto Rodríguez, fue víctima de un ataque del que salió ileso. En mayo, el ex director de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda, aseguró que los efectivos en reserva harán lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, en referencia al Presidente, quien perteneció al M-19.

Cuando el lawfare (uso de maquinaciones judiciales y legislativas para deponer a mandatarios incómodos a los intereses de las oligarquías) se aúna con la existencia de una ultraderecha propensa a la violencia, que además conserva intacto su poder económico y buena parte del político, está claro que se debe permanecer alertas y dar todo el respaldo al gobierno elegido por los ciudadanos.