Tan sólo durante los diez primeros meses de 2023, el número de permisos expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la adquisición de armas de fuego por personas físicas casi se duplica respecto de todo el año anterior.

Sin embargo, la cifra de licencias individuales para portación de estos artefactos no se ha incrementado en la misma medida, lo que implica que quienes ya tienen uno están adquiriendo más.

Durante todo 2022 se aprobaron 6 mil 655 permisos individuales para la compra de estos instrumentos; en tanto, de enero a octubre pasados este número se elevó a 11 mil 965, de acuerdo con un reporte emitido por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena, en respuesta a una solicitud de información pública.

Ese año había un total de 2 mil 571 licencias individuales de particulares en todo el país.

La cantidad de permisos para la compra de armamento había venido disminuyendo desde 2019, cuando se otorgaron 6 mil 237, para bajar en 2020 a 5 mil 820 y alcanzar su menor número al año siguiente, con solo 4 mil 681; sin embargo, comenzó a repuntar en 2022, y marcó un nuevo récord durante 2023.

Empero, este aumento en las autorizaciones para la compra de armas por personas físicas no se corresponde con un alza en el número de licencias particulares individuales para la posesión de estos artefactos.

Según el reporte de la misma dirección de la Sedena, de enero a octubre pasados únicamente se concedieron 91 de estas autorizaciones en todo el país.

De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cada operación de compra, venta, donación o permuta de armamento y municiones entre particulares debe ser autorizada por la Sedena.

Las licencias para la portación de estos artefactos para particulares deben revalidarse cada dos años y requieren varios requisitos, entre ellos tener un modo honesto de vivir, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional, no haber sido condenado por algún delito cometido con armas, no consumir drogas y acreditar la necesidad de poseer armamento, ya sea por la naturaleza de su empleo, las circunstancias del lugar donde viva o cualquier otro motivo justificado, siempre a criterio de la Sedena.