México se encuentra entre los países de América y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no publican los datos de los beneficiarios finales de las contrataciones públicas, es decir, de los verdaderos dueños de las empresas que contrata el gobierno.

En México, el beneficiario final está definido como aquella persona que en última instancia tiene el control de la persona moral y es quien recibe los beneficios derivados de una cuenta, contrato, operación o título legal.

De acuerdo con el informe Enlaces rotos: datos abiertos para impulsar la rendición de cuentas y frenar la corrupción, recientemente publicado por la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que México es miembro, nuestro país tiene leyes en la materia, pero no exige que se den a conocer estos datos que arrojarían luz en relación con las estructuras legales opacas que sirven para lavar los ingresos obtenidos a través de actos corruptos.

El reporte señala que la mayoría de los países del continente no publican datos sobre beneficiarios finales, salvo los gobiernos de Brasil y Ecuador, que difunden información en línea.

También encontró que la mayoría de los países, entre ellos México, exigen la recolección de datos sobre los beneficiarios finales, sin embargo, Ecuador es el único que cuenta con una ley que exige la publicación de los mismos.

En el ámbito de la OCDE, la Alianza para el Gobierno Abierto señala que aunque la mayoría de los países miembros publican datos sobre financiación política y divulgación de activos, como México, un porcentaje significativo de países carece de datos públicos sobre otros aspectos clave de la lucha contra la corrupción, como los grupos de presión y la propiedad efectiva de las empresas.

Como parte de sus compromisos como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, México ha adoptado algunos mecanismos destinados a recabar datos para identificar a los propietarios efectivos de las empresas; sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el anonimato de los beneficiarios finales permite que diversas actividades ilegales, tales como la evasión fiscal, la corrupción, el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, tengan lugar de manera oculta ante las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes en materia de combate a la corrupción.