l no obtener el apoyo de sus colegas, el magistrado del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, Ricardo Gallardo Vera, retiró el proyecto de resolución con el que buscaba derogar el decreto presidencial que limita el uso del glifosato. La propuesta de Gallardo Vera planteaba que, luego del análisis de opiniones científicas a nivel mundial, no se encontraron pruebas de que el herbicida cause daños a la salud o al medio ambiente, y agregó que hasta ahora no hay sustitutos para el mismo, por lo que daba vía libre a Bayer para seguir distribuyendo el agrotóxico.
Lamentablemente, este revés para la multinacional es sólo un alivio temporal y no es posible dar por terminada la batalla jurídica, publicitaria y de cabildeo que lleva adelante para obligar a todos los países del mundo a ceder ante su producto estrella, a pesar de las múltiples evidencias de que es nocivo tanto para el ser humano como para los ecosistemas. Sea por ignorancia, por ideología o por complicidad, el magistrado Gallardo Vera se encuentra empeñado en defender los intereses de Bayer, y hará modificaciones a su dictamen para presentarlo de nueva cuenta.
En un debate de consecuencias tan amplias y relevantes, es necesario contar con los mejores elementos para formarse un juicio y aplicar los protocolos más prudentes de acuerdo con los conocimientos actuales. Eso es lo que han hecho, por ahora, los magistrados Jean Claude Tron y Patricio González, quienes invocaron el principio precautorio para rechazar la propuesta de Ricardo Gallardo. Dicho principio es una guía de ética política y científica según la cual, cuando no se encuentra comprobada al 100 por ciento la peligrosidad o la inocuidad de una tecnología, lo indicado es frenar su uso hasta que se disponga de nuevos datos. En cambio, la visión defendida por el togado, por Bayer y, en general, por los agentes que colocan el lucro por encima de la vida, supone seguir utilizando una tecnología (sea un dispositivo, un programa informático o una sustancia) hasta que se pruebe más allá de cualquier duda su carácter perjudicial. Esto implica el riesgo de que, cuando se logre vencer el velo de desinformación tendido por las corporaciones en pro de sus ganancias, ya se haya infligido un daño irreparable a la humanidad y al planeta. Así ha sucedido con el tabaco, las gasolinas con plomo o los plaguicidas: la industria desplegó campañas mediáticas, financió a políticos y compró científicos para sostener que sus productos eran inofensivos, y en cada caso la verdad se impuso después de que millones de personas y un número incalculable de seres vivos fueran víctimas de la nicotina, la contaminación por plomo en la sangre y el diclorodifeniltricloroetano (DDT).
Lo que hace más incomprensible el proyecto de Gallardo Vera es que se cobije la comercialización de un agrotóxico que ya ha causado perjuicios inocultables a la biodiversidad en el mundo y en México, donde comunidades campesinas han denunciado la desaparición de las abejas en las regiones donde se usa el herbicida. No está de más recordar que la protección de las abejas no es un asunto de romanticismo ecológico, ya que estos insectos son los polinizadores más importantes de las plantas con flores, y sin ellos simplemente no podrían reproducirse un sinfín de especies vegetales. Asimismo, es impensable que el magistrado desconozca las reiteradas sentencias judiciales que han obligado a Bayer a pagar multas millonarias porque Roundup, el nombre comercial con que vende el glifosato, ha enfermado de cáncer a miles de personas: se han presentado más de 165 mil querellas por esta causa, y sólo en tres juicios del año pasado se le conminó a pagar casi 2 mil millones de dólares a varios afectados. Con estos antecedentes, resulta de una irresponsabilidad criminal amparar la venta y uso de glifosato, sustancia que debe proscribirse hasta que se emita un veredicto científico inapelable.
