a Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con el gobierno mexicano, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sancionó a tres personas y 13 empresas del país vinculadas directa o indirectamente al esquema de fraudes con propiedades de tiempo compartido que opera el cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). Este golpe a la organización delictiva se suma a los asestados el 2 de marzo y el 27 de abril de este año, cuando fueron sancionadas ocho empresas, y siete personas y 19 firmas, respectivamente.
El 22 de noviembre fue detenido El Nini, jefe de seguridad de los hijos de El Chapo, líder histórico del cártel de Sinaloa actualmente preso en Estados Unidos. Tres días después, cayó Juan Carlos Pizano Ornelas, el CR, jefe de plaza del CJNG en Tapalpa, Jalisco, y presunto responsable del homicidio del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. El día 29, efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, César Alejandro Silva Delgado, El Tartas, identificado como jefe de plaza del cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Todas estas acciones, así como los históricos decomisos de cocaína, fentanilo y otras sustancias que han tenido lugar a lo largo del presente sexenio, muestran la determinación de las autoridades para frenar el tráfico de estupefacientes y llevar ante la justicia a los principales generadores de violencia. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que este tipo de esfuerzos tienen un impacto muy limitado mientras no van de la mano con el combate a las estructuras usadas por el crimen organizado para mover su dinero y para convertirlo en poder económico e incluso político.
En este sentido, queda claro que las fiscalías tienen mucho por hacer en materia de actualización y especialización de su personal para afrontar los retos a la seguridad pública en un contexto de trasnacionalización del crimen organizado, diversificación de sus actividades y sofisticación de los esquemas usados para eludir la justicia. Asimismo, han de reforzarse las facultades y la coordinación con la UIF, instancia clave para detectar y desactivar las operaciones de lavado de dinero. Por último, la del narcotráfico es una de las problemáticas que demuestran de manera más incontrovertible la urgencia de reformar a fondo el Poder Judicial, pues las sentencias aberrantes de jueces y magistrados suelen ser la vía más rápida para la impunidad de los delincuentes.
A estas alturas, la lucha contra los cárteles significa mucho más que un tema de drogas y seguridad: aunque éstos sigan siendo aspectos fundamentales, la contaminación de todas las esferas de la economía por la criminalidad es una amenaza para el conjunto de la sociedad. Destaca que entre las 13 empresas sancionadas por Washington haya al menos seis del ramo inmobiliario y dos dedicadas a la minería, es decir, que la delincuencia organizada pone en riesgo la seguridad de las construcciones, tiene el potencial para impedir o descarrilar la planeación urbana, y puede estar involucrada en los despojos de tierras y las muertes de activistas defensores del territorio. En este espacio se ha insistido en las evidencias que vinculan la minería con los asesinatos de líderes comunitarios que se oponen a las prácticas nocivas de la labor extractiva.
En suma, deben reforzarse las tareas de inteligencia para desenmascarar y desmantelar a las empresas que se escudan en operaciones pretendidamente legales para blanquear y multiplicar los recursos provenientes del crimen.
Los antecedentes de las agencias estadunidenses como la DEA y la CIA han dejado patente que la seguridad mexicana no puede ponerse en manos de nuestro país vecino del norte.
