La Cámara de Diputados prevé votar esta semana la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de tipificar y sancionar con prisión de 20 a 53 años el uso de drones para crear alarma, terror o atentar contra la seguridad nacional, o extorsionar a las autoridades o particulares.

En el dictamen, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se resalta que en el primer semestre de este año se cometieron 260 atentados con drones en distintos estados del país, lo cual demuestra un fenómeno criminal no regulado.

La Comisión de Justicia indicó que si bien se ha detenido a personas responsables de estos hechos, la imputación del delito se hace por otros tipos penales, sin que exista una debida consideración normativa que exprese los motivos reales de la ilicitud de estos actos. Por ello determina procedente la necesidad y urgencia de legislar en la materia, añadió.

En sus consideraciones, reconoció el fenómeno criminal que expuso el Presidente en su iniciativa, pues este tipo de ataques constituyen una amenaza para la vida, la integridad y la seguridad de la ciudadanía.

Destacó que el uso de materiales tecnológicos por parte de la delincuencia organizada para la realización de diversas actividades criminales es un fenómeno que se ha extendido significativamente durante los años recientes.

Al respecto citó que, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde 2020 se han reportado 605 ataques con drones, con una alta incidencia en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, pero además el desglose de la información demuestra un incremento exponencial en el uso de estos dispositivos.

Detalló que las agresiones con drones de enero a junio de este año suman 260; esto es, 27 más que las cometidas durante todo 2022.

El incremento en la incidencia de estos hechos, de cinco ocurridos en 2020 respecto a los del primer semestre de 2023, representa 5 mil 100 por ciento, un grado de crecimiento que permite considerarlo como un fenómeno de alto impacto, definió.