El titular de la Secretaría de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, rechazó que exista una persecución política por parte de la dependencia en contra de alcaldías gobernadas por la oposición, ante la suspensión de funcionarios de los órganos político-administrativos, como han señalado legisladores del PAN que incluso promovieron un juicio político en su contra.

Entre las suspensiones determinadas está la del director de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, César Garrido López, hermano del diputado local Diego Garrido, por el levantamiento injustificado de una suspensión y el retiro de sellos en obras de un inmueble de alto riesgo en septiembre del año pasado.

Un mes después, la dependencia confirmó que tenía abierta una investigación en contra del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, por anomalías en la autorización de construcciones.

Ayer, en su comparecencia ante el Congreso capitalino con motivo de la glosa del quinto Informe de gobierno, a pregunta expresa de la diputada de Morena Nancy Núñez, sobre si hay procedimientos empezados por irregularidades en declaraciones patrimoniales del panista, quien reportó en 2021 un ingreso de más de 14 millones de pesos por la venta de un inmueble de su propiedad, que no aparece en sus declaraciones anteriores, Serrano respondió también, sin referirse directamente al funcionario, que sí hay investigaciones en curso.

Serrano informó que en lo que va de la actual administración la Dirección General de Responsabilidades Administrativas impuso 526 sanciones a 318 funcionarios, entre las que hay 82 de tipo económico por 2 mil 572 millones 103 mil 259 pesos, así como 16 inhabilitaciones a servidores públicos de la administración pública local con nivel de director general.

Hay castigados en todas las demarcaciones

En tanto, las contralorías de las 16 alcaldías impusieron 2 mil 589 sanciones a un total de mil 599 funcionarios, 126 apercibimientos, 732 amonestaciones, 674 suspensiones, 16 destituciones, 543 inhabilitaciones y 498 penalizaciones económicas por mil 85 millones 52 mil 868 pesos, mientras los órganos de control interno en dependencias, entidades y órganos desconcentrados aplicaron 2 mil 21 sanciones a un total de mil 311 servidores público: 30 apercibimientos, 874 amonestaciones, 704 suspensiones, 289 inhabilitaciones, 9 destituciones y 115 sanciones económicas que suman 785 millones 538 mil 157 pesos.

Al responder a preguntas de los legisladores, el funcionario comentó que las investigaciones sobre el incidente de la línea 12 del Metro no se han cerrado, al tiempo que por las auditorías de la pasada administración relacionadas con su construcción aún hay medios de impugnación que siguen en litigio. Sobre los trabajos para renovar el primer tramo de la línea 1, no descartó castigos a la empresa responsable de la realización del proyecto por el retraso en la entrega.