Ante el próximo periodo de sesiones del Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), del 11 al 29 de septiembre, en el que dará seguimiento a las recomendaciones que emitió al Estado mexicano en marzo de 2022, organizaciones manifestaron que en el país persisten obstáculos que dificultan la realización de investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales, en las que el uso del análisis de contexto permita la identificación de patrones y el desarrollo de líneas de indagación que incluyan el involucramiento de actores estatales.

En un informe dirigido a este órgano, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Equipo Mexicano de Antropología Forense y la Federación Internacional por los Derechos Humanos expusieron como ejemplo el caso de Veracruz, donde entre noviembre de 2012 y julio de 2016 por lo menos 22 personas fueron víctimas de desaparición forzada, y en las que se ha constatado la participación de la policía estatal y ministerial, actuando en algunos casos junto a la Agencia Veracruzana de Investigación, la Marina o el crimen organizado y con el posible conocimiento del ex gobernador Javier Duarte.

Indicaron que si bien el ex mandatario fue vinculado en diciembre de 2021 por desaparición forzada, al igual que algunos policías en 2018, en diciembre de 2019 varios de éstos fueron puestos en libertad y funcionarios responsables por cadena de mando, como el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita y el ex subsecretario de Seguridad Pública José Nabor Nava Olguín, permanecen libres.

Asimismo, las organizaciones señalaron que los familiares de personas desaparecidas continúan enfrentando dificultades para acceder a los servicios médicos que necesitan para tratar los problemas de salud que sufren a consecuencia de esta situación.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido omisa en brindar apoyos médicos y rembolsos por gastos de este tipo.

Advirtieron que faltan recursos en las comisiones locales. La del estado de México ha informado que en su registro de víctimas se encuentran 15 mil 819 personas, de las cuales 15 mil 680 están por delitos y 139 por violaciones de derechos humanos. A pesar de esta cifra, sólo cuenta con tres personas adscritas al área jurídica, tres al área de sicología, una al área de trabajo social, y ninguna a medicina, atención inmediata y primer contacto, entre otras.

Respecto a la crisis forense, con más de 52 mil cuerpos sin identificar en el país, las organizaciones subrayaron que si bien en los últimos tres años se han realizado esfuerzos institucionales importantes, persisten en los estados prácticas y procedimientos forenses contrarios a los estándares internacionales sobre exhumación, recuperación, custodia, identificación, notificación y entrega.