Organizaciones civiles mexicanas expresaron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones por lo que llamaron militarización de la seguridad pública del país, en una audiencia en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en México no se violan garantías fundamentales y ninguna corporación castrense comete actos de barbarie, como torturas, masacres o ajusticiamientos.

Al presentar la respuesta del Estado, la embajadora de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños Rivas, leyó el mensaje enviado por el Ejecutivo federal a la CIDH y a las distintas organizaciones.

En el México de ahora, a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie. Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, simular y actuar como arietes del conservadurismo de México y de otras naciones, dijo el mandatario.

Durante la audiencia realizada vía Zoom, la cual fue solicitada por 23 agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Intersecta Organización para la Igualdad, y Buscando Desaparecidos México (Buscame), argumentaron que la participación de las fuerzas armadas ha estado acompañada de constantes violaciones a las garantías fundamentales, que han afectado principalmente a las mujeres, y advirtieron que hay pocos mecanismos de control en su desempeño.

Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que la estrategia de seguridad desplegada en 2006, basada en una fuerte participación de las fuerzas militares, no ha logrado su objetivo de reducir la violencia en forma sostenible, más bien ha provocado graves abusos contra los derechos humanos por elementos de las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad, la mayoría de los cuales permanecen impunes.

Agregó que es preciso garantizar que los elementos del Ejército y la Marina que cometen dichas violaciones respondan ante la ley, por lo que consideró legítimas las demandas de las agrupaciones, ya que trastocan la relación cívico-militar, carecen de un enfoque de derechos humanos, y las fuerzas armadas y la policía no son intercambiables por su formación.

María Luisa Aguilar, del Centro Pro, dijo que si bien no han crecido las cifras de violencia, se hallan estancadas. Señaló que de 2019 a agosto de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 560 denuncias contra elementos del Ejército y más de 300 contra los de la Marina. Entre las ponencias de las distintas organizaciones, apuntaron que los cambios en la actual administración están acompañados del protagonismo de las fuerzas armadas en las acciones de gobierno.