El Estado mexicano llevó la denuncia contra armerías de Estados Unidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al presentar el caso ayer ante el organismo internacional, en una audiencia –a petición de la representación mexicana–, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), refrendó varios puntos que ha expuesto el gobierno sobre la responsabilidad de los fabricantes de armas, por la negligencia que ha permitido su venta a grupos delincuenciales con presencia en México.

El funcionario de la SRE lamentó la ausencia de la representación de Estados Unidos y subrayó que las empresas también pueden ser llamadas a cuentas por acciones que afectan los derechos humanos, en una posición que fue respaldada por Bolivia y Paraguay, además de distintas organizaciones civiles con sede en Brasil, Países Bajos y Estados Unidos.

Explicó que los grupos delictivos en México han mostrado sus armas incluso en videos, y al rastrear el número de serie de las piezas decomisadas, la ruta lleva al país vecino del norte. Argumentó que el grave problema en este contexto es el tráfico ilícito de armas, que llegan después de comprarse en territorio estadunidense.

Es claro que estos puntos de venta están alimentando a las organizaciones criminales en mí país, y ahí radica su negligencia, término que utilizamos porque así lo hemos manejado en la demanda civil, pero evidentemente es una irresponsabilidad, total descuido, ilicitud, complicidad, indicó el funcionario federal.

Agregó que la responsabilidad de las empresas consiste en que saben que su producto va a caer en manos de criminales, quienes van a atentar contra los derechos humanos, y no hacen nada para prevenirlo.

Con la información disponible, las firmas podrían monitorear sus puntos de venta y, si fueran responsables, decir a sus vendedores: vamos a dejar de distribuir armas o tomar acciones para que dejen de ser tan imprudentes, dijo Celorio.

Sugirió a la CIDH reflexionar de qué manera la industria de armas estadunidense podría autorregularse, y aseveró que las empresas deberían hacer una evaluación de riesgo, lo que tendría que llevar a no colocar tiendas a unos metros de la frontera.