os actores internacionales describieron como tormenta perfecta la situación que se cierne sobre el planeta. Por un lado, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) advirtió que la economía mundial está en el umbral de una recesión con una espiral inflacionaria a cuestas, crisis energética y alimentaria, desaceleración del crecimiento, mayores déficit presupuestarios y altos niveles de deuda.

La comisión recordó que sólo este año el aumento de los precios de alimentos y energía empujará a más de 70 millones de personas a la pobreza, y señaló una problemática bien conocida: los efectos de esta tormenta recaen de manera desproporcionada sobre los hogares más vulnerables, exacerbando la pobreza y la desigualdad.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó de un invierno de protestas a medida que la crisis del poder adquisitivo se desata, la confianza se desmorona, las desigualdades se disparan, nuestro planeta arde y la gente sufre, sobre todo los más vulnerables.

Tras afirmar que no podemos seguir así, el lisboeta instó a una acción coordinada anclada en el respeto del derecho internacional y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, admitió su impotencia ante las divisiones políticas que socavan el trabajo del Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas.

La ICRICT y el líder global coinciden en uno de los pasos ineludibles para encarar la crisis múltiple que amenaza al propio futuro de la humanidad y el destino del planeta: una reforma fiscal que permita invertir donde es más necesario. Guterres llamó a los países ricos a gravar los beneficios extraordinarios que generan las energías fósiles para ayudar a los países víctimas del impacto del cambio climático y a las poblaciones afectadas por la inflación, lo cual proporcionaría un alivio inestimable a quienes padecen las consecuencias más mortíferas del calentamiento global, al tiempo que subsanaría la fractura norte-sur.

Por su parte, el grupo de economistas que incluye a figuras tan destacadas como Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, propone un plan fiscal de emergencia que grave las ganancias extraordinarias de negocios que se benefician de la crisis y la pandemia; refuerce el cobro de impuestos a aquellas firmas que lucran con la coyuntura elevando los precios al consumidor muy por encima del avance en sus costos de producción, e imponga una tasa impositiva corporativa más alta a las grandes corporaciones oligopólicas con tasas de rendimiento excesivas. La impotencia confesada por Guterres es, a su manera, un reconocimiento tácito a la crítica efectuada el viernes 16 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció la inactividad y el papel meramente ornamental de Naciones Unidas ante la guerra en Ucrania.

Este juicio, que no fue dirigido al secretario general sino a la institución, da cuenta de la urgencia de rediseñar un organismo que es al mismo tiempo más necesario y más disfuncional que nunca: si un propósito tan loable y tan aparentemente motivador de unidad como la distribución equitativa de las vacunas anti covid-19 fracasó de manera estrepitosa, está claro que, en su condición actual, poco o nada puede aportar la ONU a la lucha contra el hambre, la inflación o el empeño de las potencias en poner sus intereses por encima de la comunidad internacional y de la vida humana.

En este sentido, debe reconocerse la valentía del diplomático para admitir la magnitud del problema, y cabe desear que los jefes de Estado y de gobierno tengan la sensatez para atender su exhorto.

Si de algo debe servir todo el dolor de la guerra en Europa del Este es para exigir, de una vez por todas, a las potencias que dejen de azuzar a rusos y ucranios a la destrucción mutua y se sienten a construir fórmulas para conjurar una crisis que ya amenaza con ser una de las más graves en la historia de la especie humana.