omo cada año, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una petición de gasto caracterizada por la desmesura y el derroche. Además del monto que destina a los partidos políticos, el organismo solicitará 14 mil 437 millones de pesos para su gasto regular, divididos en dos grandes partidas: 11 mil 769 millones para gasto ordinario y 2 mil 668 millones para una cartera institucional de proyectos. Con semejante solicitud de presupuesto, es inocultable que esta institución vive al margen de las realidades nacionales, anclada a un pasado de esplendor tecnocrático y a una lógica cortesana de la función pública, que contrastan en forma grotesca con las necesidades del país y con las prioridades nacionales.

La multimillonaria petición contempla 382 millones de pesos para las oficinas de los 11 consejeros y el secretario ejecutivo, así como 320 millones de pesos para pagar una compensación especial a quienes se retiren o den por concluida su relación laboral con el organismo, lo cual es adicional a todos los derechos y prestaciones laborales. Sólo el despacho del consejero presidente absorberá 61 millones de pesos, pues Lorenzo Córdova tiene 35 colaboradores a su servicio, incluidos un jefe de oficina que cobra 220 mil pesos mensuales, un secretario personal (189 mil pesos) y un secretario privado (89 mil pesos), más 11 asesores que reciben entre 100 mil y 149 mil pesos al mes. Con la excepción de dos consejeros que acatan la ley, los restantes nueve cobran salarios inconstitucionales, de 262 mil pesos mensuales, más del doble del que percibe el Presidente de la República y, además, cuentan con una prestación de 143 mil pesos anuales para alimentación fuera de las instalaciones del organismo, monto que se suma a lo erogado para los comedores internos.

Como si no fuera suficiente con esta hipertrofia presupuestal, el INE padece una grave deriva institucional que le ha llevado a erigirse en una suerte de Santo Oficio, en censor que persigue a quienes expresan opiniones contrarias a las de su cúpula y emite apercibimientos y multas contra quien no ha cometido otra falta que defender puntos de vista distintos a los del consejero presidente y sus cercanos. Al intimidar a periodistas, figuras de redes sociales y ciudadanos que manifiestan posturas cercanas al oficialismo, el instituto se exhibe como un reducto del autoritarismo que contradice el espíritu supuestamente democrático que lo anima y le da razón de ser. Pero la principal falta de la actual directiva del INE es su inocultable parcialidad. Así, por ejemplo, al mismo tiempo que promueven sanciones contra funcionarios del partido gobernante que participen en actos políticos, Córdova y su colega Ciro Murayama asisten a los actos de la oposición en calidad de invitados distinguidos y se placean, no como los árbitros que se supone que son, sino como dos militantes más de la alianza opositora Va por México.

La pretensión de negar las inclinaciones partidistas de quien ha dirigido al instituto desde su creación en 2014 quedó en entredicho este martes, cuando se dio a conocer una muestra de las conversaciones sostenidas por Córdova con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito. En los mensajes de texto divulgados por la gobernadora de Campeche y cuya autenticidad fue confirmada por el propio consejero, puede verse que la relación entre Córdova y Moreno no parece una muestra de institucionalidad y de comunicación normal entre un dirigente político y la autoridad electoral, sino más bien un tráfico de favores e influencias.

En vista de estas conductas y del daño que pueden infligir a la democracia mexicana, cabe preguntarse si quienes han perdido credibilidad y autoridad moral pueden ser aptos para seguir organizando procesos electorales.