l cateo efectuado el lunes por agentes de la FBI a la residencia de Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago, desató la furia del magnate, de sus simpatizantes y de políticos del Partido Republicano, quienes denunciaron las investigaciones sobre posibles conductas ilícitas del ex presidente como una cacería de brujas, llamaron a desconocer a las autoridades e incluso consideraron las acciones legales como el inicio de una guerra civil frente a lo que califican de izquierda radical demócrata.

En un inicio, el Departamento de Justicia (rama del gobierno a la que se encuentra adscrita la FBI) se mostró reacio a publicitar las razones del operativo, y sólo se supo por divulgaciones de prensa que estaría relacionado con la búsqueda de documentos oficiales, algunos de ellos clasificados, que Trump se llevó consigo al terminar su mandato en enero de 2021. Este silencio responde a las prácticas habituales de la fiscalía, que no hace declaraciones sobre casos en curso para mantener la privacidad de los involucrados y respetar el debido proceso. Sin embargo, el jueves el fiscal general, Merrick Garland, reconoció que este silencio dejaba el campo abierto al trumpismo para construir una narrativa en la que se presenta al magnate como víctima de persecución, se desacredita a las instituciones y se politiza un expediente vinculado con se-rias cuestiones de responsabilidad penal y administrativa, por lo que solicitó formalmente a un juez federal hacer pública la orden de registro, junto con el inventario de los materiales que fueron hallados y retirados por la FBI en la mansión de la exclusiva zona de Palm Beach.

La difusión de la orden de cateo y sus anexos permitió conocer que el operativo fue avalado por la existencia de indicios suficientes para sospechar la comisión de potenciales delitos relacionados con la Ley de Espionaje de 1917, la cual prohíbe la posesión no autorizada de información oficial que podría dañar a Estados Unidos o ser útil a sus adversarios. Por su parte, el recibo oficial de materiales confiscados reveló que en Mar-a-Lago fueron descubiertas 11 series de documentos marcados como ultrasecretos, secretos y confidenciales. Se presume que la búsqueda tenía como objetivo localizar archivos relacionados con armas nucleares y operaciones secretas en el extranjero, pero hasta hoy no se sabe si este tipo de material estaba entre los asegurados el lunes.

Al mismo tiempo que se sucedían los informes sobre la sustracción ilegal de documentos oficiales que con gran probabilidad perpetró, Trump compareció ante la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, para responder a un interrogatorio sobre posibles prácticas empresariales ilegales por parte de él y su familia. Como el propio ex presidente admitió, en su deposición invocó más de 400 veces la Quinta Enmienda, artículo constitucional que permite negarse a responder preguntas para evitar la autoincriminación.

Este desarrollo de los acontecimientos no carece de un lado irónico: tanto Trump como su antecesor Barack Obama usaron la Ley de Espionaje en su implacable e inhumana persecución contra Julian Assange, el fundador del portal WikiLeaks que dio a conocer al mundo las violaciones a los derechos humanos y los atropellos diplomáticos que caracterizan a las actuaciones de Washington en el exterior, y el republicano señaló en reiteradas ocasiones que sólo quienes son culpables invocan la Quinta Enmienda.

Lo que es más importante, deja ya muy pocas dudas acerca de que quien se ha erigido en máximo líder y árbitro del campo político estadunidense denominado conservador –es decir, de la derecha y extrema derecha– es un violador contumaz de la ley, además de un individuo que cambia su discurso sin ningún rubor, según se lo dicta su conveniencia personal. La intención de Trump de contender por la Presidencia de nueva cuenta en 2024, aunada a las posibilidades de triunfo que se le avizoran, muestran que la superpotencia se encuentra en una verdadera encrucijada entre salvaguardar su imperfecta institucionalidad o lanzarse a una aventura de desenlace incierto, pero con toda seguridad catastrófico.