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Diputados proponen incluir en la Constitución el derecho a ser buscado
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de julio de 2022, p. 10

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó ayer una opinión favorable para reformar la Constitución e incluir el derecho de las personas a ser buscadas cuando son víctimas de desaparición.

La diputada Inés Parra (Morena) señaló que a esta propuesta debe agregarse que las autoridades están obligadas a realizar acciones de búsqueda, ya que de lo contrario la ciudadanía queda en total indefensión.

Marisol García Segura (también de Morena) destacó que al elevar a rango constitucional el derecho a ser buscado se atienden las observaciones del Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas.

Recordó además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, en noviembre de 2021, dos tesis jurisprudenciales que tienen como eje toral el derecho de todo desaparecido a ser buscado.

La iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución se encuentra en análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por otra parte, los diputados aprobaron un dictamen de reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de estipular que este organismo tenga entre sus atribuciones promover la cultura de paz.

También avalaron otro dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general contra la trata de personas a fin de incluir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la comisión intersecretarial y fortalecer así el combate a este delito. Dicha dependencia, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, podría presentar denuncias por hechos relacionados con recursos de procedencia ilícita.

En asuntos generales, Parra Juárez señaló que la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación sigue actuando de manera disfuncional en el amparo a periodistas, ya que los comunicadores son agredidos a pesar de formar parte del programa de protección. De nada sirve tener leyes robustas en la defensa de periodistas y libertad de expresión si en la práctica las instancias son inoperantes o negligentes en la ejecución de los protocolos de protección, resaltó.