Monterrey, NL., Unos 50 elementos de la Fuerza Civil resguardaron ayer las obras para extraer agua del río Pilón, en el municipio de Montemorelos, después del bloqueo de seis horas que realizaron el martes en la carretera Nacional habitantes de la zona inconformes con este proyecto, que tiene como fin abastecer a la zona metropolitana de Monterrey.

Habitantes de la comunidad maya de Sitilpech, municipio de Izamal, Yucatán; la asociación Kanan Derechos Humanos y el grupo ecologista Greenpeace pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso que promovieron contra la instalación de una megagranja de 48 mil cerdos en esa población de mil 400 habitantes. Denuncian que esa empresa viola normas ambientales, pues contamina el agua y el aire.

La Fiscalía Especializada de Control Regional obtuvo de un juez de control con sede en Chiapas la vinculación a proceso en contra de tres presuntos integrantes de un grupo delictivo por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso militar. Chiapas es uno de los territorios que disputan grupos vinculados a los cárteles Jalisco Nueva generación y de Sinaloa, señalaron autoridades federales, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no precisó a qué organización delictiva pertenecen los imputados. Según información del Poder Judicial de la Federación, el Ministerio Público presentó cargos en contra de Aristóteles Benítez Ríos, Miguel Ángel González Guajardo y Salustio Jorge Santiago. Los tres fueron detenidos por efectivos del Ejército Mexicano en posesión de 13 armas largas de diferentes calibres, un fusil Barrett, 28 artefactos explosivos artesanales, nueve granadas (siete de fragmentación y dos de diferentes calibres), 71 cargadores, 6 mil 712 cartuchos de diversos calibres, un dron y cuatro chalecos tácticos con placas balísticas, así como vehículos, de acuerdo con información de la FGR. Además de quedar sujetos a proceso penal, se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí se comprometió con la instancia que ella dirige, con la Fundación para Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así como con la familia de Karla Pontigo, víctima de feminicidio, a crear una fiscalía especializada en la materia.