Pachuca, Hgo., El gobernador Omar Fayad Meneses ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente de Hidalgo (Semarnath) que revoque los permisos de uso de suelo otorgados por la administración estatal a la empresa Ecological Solution México (Esmex), a fin de terminar con el conflicto social en el municipio de Atitalaquia, donde pobladores mantienen en su poder la alcaldía desde el pasado 26 de mayo para exigir el cierre definitivo del basurero que el consorcio instaló en la demarcación.

Di a la Semarnath instrucciones precisas para que proceda conforme a derecho a las revisiones y, si es necesario, a las clausuras y revocación de permisos, porque no debería haber conflicto por esta materia, dijo el priísta. Aseguró que su gobierno respeta las normas oficiales mexicanas de manejo de residuos y protección ambiental.

Fayad Meneses no descartó que la inconformidad de los ciudadanos con el basurero de 9.5 hectáreas cause problemas en la fase de entrega y recepción de la administración estatal que encabeza con la de Julio Menchaca Salazar –emanado del partido Morena–, que se iniciará el próximo 5 de septiembre.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró hace dos semanas el vertedero de Atitalaquia por causar daños a la salud pública y al entorno. Días después, el ayuntamiento revocó por unanimidad la concesión a Esmex para confinar desechos.

El alcalde Lorenzo Agustín Hernández Olguín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer que el gobierno estatal emitió el respectivo manifiesto de impacto ambiental y el permiso de uso de suelo. En respuesta, Omar Fayad ordenó a la Semarnath hacer la clausura definitiva.

Insisten en llevar a juicio al presidente municipal

Pobladores de la comunidad de Cardonal, que se ubica en las inmediaciones del confinamiento, ratificaron ante la Comisión Instructora del Congreso local su solicitud de juicio político contra Hernández Olguín y varios regidores por solapar la instalación del tiradero.

La clausura del vertedero y el retiro de la concesión ocurrieron luego del asesinato del activista Jesús Bañuelos Acevedo, perpetrado el 20 de junio anterior.