l jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación sobre movimientos de recursos a favor del ex presidente Enrique Peña Nieto. Sin mencionar a éste por su nombre, el funcionario detalló que se analizan presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita como retiros y depósitos millonarios realizados por familiares del mexiquense o transferencias internacionales al ex mandatario. Asimismo, mencionó irregularidades fiscales y financieras en dos empresas de las que Peña Nieto es accionista y el hecho de que una firma internacional vinculada a las anteriores recibió contratos por 10 mil 500 millones de pesos entre 2013 y 2018, es decir, en el sexenio peñista. Con estos elementos, la FGR deberá determinar si judicializa o no el expediente.

A diferencia del habitual mutismo que el ex gobernador del estado de México ha mantenido hasta ahora cuando en el país afloran informaciones o especulaciones de corrupción en su gobierno, en esta ocasión recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su certeza en que se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales, así como su confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia.

El anuncio de Gómez Álvarez puede resultar todo, excepto sorpresivo: durante el periodo en que Peña Nieto estuvo al frente de la nación, la exacerbada corrupción que permeó en todos los niveles de su gobierno, y especialmente en su entorno cercano, fue un secreto a voces del que de tanto en tanto salían a la luz nuevos indicios, pero nunca se dispuso de las pruebas necesarias para proceder contra el entonces titular del Ejecutivo federal.

Por lo que se ha dado a conocer, ahora la UIF ha documentado un enriquecimiento cuyo origen permanece inexplicado, pero está claro que las cifras presentadas ayer representan apenas la punta del iceberg del régimen de corrupción sistémica construido y perfeccionado por los sucesivos gobernantes entre 1988 y 2018: para cobrar conciencia de hasta qué punto los políticos hoy coaligados bajo el membrete de Va por México convirtieron el poder en una formidable maquinaria de tráfico de influencias y enriquecimiento personal, basta con asomarse a las revelaciones sobre la manera en que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, usó su cargo como gobernador de Campeche para allegarse todo tipo de negocios.

Sin duda, la existencia de una investigación formal en torno a los bienes de Peña Nieto es una de las noticias más esperadas por la ciudadanía, muchos de cuyos integrantes se preguntan cómo es posible que las autoridades demoren tanto en procesar a un individuo sobre quien pesan muy fuertes sospechas de haber amasado una fortuna malhabida. En este sentido, es necesario recordar que la corrupción masiva y estructural del pasado reciente es muy difícil de comprobar y sancionar en términos legales, toda vez que quienes la cometieron tuvieron a su disposición todos los medios para destruir u ocultar las pruebas de sus actos y que, además, crearon un entramado jurídico intencionalmente permisivo y débil ante los crímenes perpetrados por las élites políticas y empresariales. En este contexto, lo que se puede esperar, y se debe exigir, es que se haga justicia en todo lo que se pueda comprobar, lo cual, inevitablemente, será una pequeña proporción de las tropelías y los desfalcos cometidos a lo largo de tres décadas.