Washington. Los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos analizaron ayer si permiten al presidente Joe Biden rescindir una política migratoria iniciada por su predecesor Donald Trump, que obligó a decenas de miles de migrantes a permanecer en México a la espera de audiencias sobre sus solicitudes de asilo.

Los jueces escucharon argumentos por casi dos horas, en una apelación del gobierno de Biden a un fallo de un tribunal inferior que restableció la política de Trump de Permanecer en México después de que los estados de Texas y Missouri demandaron para mantener el programa.

Biden suspendió la política, que cambiaba una práctica de larga data, poco después de asumir el cargo el año pasado.

Algunos jueces conservadores, que tienen mayoría de 6-3 en la Suprema Corte, cuestionaron el alcance de la discreción del gobierno para liberar a los migrantes en Estados Unidos, pero también el uso de los tribunales por parte de Texas para limitar al gobierno en un área sobre la que normalmente hay una amplia autoridad federal.

La visión del gobierno parece no tener límites

El presidente de la Suprema Corte, el conservador John Roberts, dijo que la visión de la ley que tiene el gobierno de Biden parece no tener ningún límite en el número de personas que pueden ser liberadas.

Roberts también le dijo al pro-curador general de Texas, Judd Stone, que le parecía un poco exagerado que el estado sustituyera al gobierno federal para determinar la mejor manera de cumplir conla ley de inmigración de Estados Unidos.

El gobierno de Trump argumentó que lo que calificaba de una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México justificaba que se negaran permisos a los migrantes que solicitaban asilo por el temor a la persecución en sus países de origen. La política se denomina formalmente Protocolos de Protección de Migrantes (MPP).

La disputa se centra en el grado de discrecionalidad que la Suprema Corte considera que Biden y su gobierno tienen para cambiar el rumbo de la política de inmigración.

En su apelación, la administración de Biden dijo que está sien-do obligado a restablecer y con-tinuar de manera indefinida una política controvertida que expone a los migrantes a riesgos de seguridad, daña las relaciones con México y no es la mejor herramienta para disuadir la inmigración de indocumentados.

Agregó que los tribunales inferiores están interfiriendo inaceptablemente con la autoridad históricamente amplia que los presidentes de Estados Unidos han tenido sobre la inmigración y los asuntos exteriores, un principio que la Suprema Corte ha respaldado durante mucho tiempo, incluso cuando Trump estaba en la Casa Blanca.

Lo que está en juego es el significado de una disposición de una ley de inmigración de 1996 que dice que se puede devolver a ciertos migrantes a territorio mexicano en espera de los procedimientos de migración.

La presidencia de Biden manifestó que la disposición es inequívocamente discrecional y la decisión del tribunal inferior sig-nifica que cada administración ha estado en violación abierta y sistemática de la ley desde que fue creada.

Aproximadamente 68 mil personas se acogieron a la política de Permanecer en México desde que entró en vigor en 2019 y hasta que Biden la suspendió en 2021.