l miércoles de la semana pasada, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a conocer que durante dos o tres lustros varias instituciones no gubernamentales y unas 40 mil personas, entre ellas cerca de 250 funcionarios de gobiernos estatales o de dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, de vez en cuando, hace muchos años, el Instituto Nacional Electoral, tuvieron acceso a los sistemas informáticos de esa dependencia fiscal, ya fuera por medio de cuentas de usuario indebidamente otorgadas o incluso por conexiones cableadas. Estos hechos recuerdan inevitablemente el robo de combustibles de Pemex –sistemático y regular hasta el inicio del actual sexenio– mediante tomas clandestinas en sus ductos, en muchos casos con la complicidad de empleados de esa empresa.

El viernes, senadores de Morena señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben investigar a fondo esta situación anómala, a la que consideraron un asunto de seguridad nacional, además de que pone en riesgo la seguridad de los contribuyentes, sean personas físicas o morales, pues la información sustraída puede usarse para delinquir.

En efecto, la gravedad de esta circunstancia es insoslayable porque es indicativa de la existencia de un esquema de delincuencia organizada en la que confluyen las responsabilidades y complicidades de funcionarios del SAT que ordenaron o permitieron tan copiosas fugas de información, de proveedores informáticos que realizaron las instalaciones para la ordeña de datos –uno de ellos incluso había programado una conexión segura para acceder a las bases de datos del organismo– y de organizaciones e individuos que accedieron de manera ilícita a los registros hacendarios de los contribuyentes.

Sobra decir que semejante robo de información sólo pudo llevarse a cabo con propósitos delincuenciales: extorsión, chantaje, secuestro o robo, así como para efectos de desacreditación pública de personas u organizaciones o, en el menos peor de los casos, para campañas de mercadeo.

Aunque son desconocidas las dimensiones de los daños que pudieron causarse, resulta imperativo que la FGR y la UIF realicen un esclarecimiento y un deslinde exhaustivo de responsabilidades, que identifiquen a los culpables y que finquen contra ellos los cargos a que haya lugar. La jefa del SAT se abstuvo de informar los nombres de las instituciones no gubernamentales que participaron en el saqueo de datos –posiblemente, para no entorpecer la obligada investigación penal del hecho– y señaló la dificultad de encontrar las identidades de los usuarios indebidos, pero a las instancias referidas corresponde presentar las denuncias correspondientes y señalar, en consecuencia, a los grupos que se beneficiaron de esta suerte de huachicoleo de información confidencial, así como conocer el uso que le dieron a los datos robados.

Más allá de resarcir los perjuicios que esta actividad delictiva haya podido generar a personas y empresas, es indispensable restaurar la confianza de los causantes en el organismo encargado de la recaudación.