l pleno del Senado aprobó, con 104 votos a favor y ninguno en contra, reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para reconocer los derechos sociales y laborales de las y los trabajadores del hogar, que suman una población de 2 millones y medio de personas. En virtud de las modificaciones aprobadas por unanimidad, las personas trabajadoras domésticas –94 por ciento de las cuales son mujeres– tendrán acceso a los cinco seguros provistos por el instituto: de enfermedades y maternidad; de riesgos de trabajo; de invalidez y vida; de retiro, cesantía y vejez, y de guardería y prestaciones sociales. La reforma considera la creación de un esquema simplificado, distinto del régimen general, que facilitará a los empleadores realizar el registro y el pago correspondiente.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, destacó la enorme deuda que tenemos con un sector de la población que está conformado principalmente por mujeres, quienes históricamente se han hecho cargo de las tareas domésticas y de cuidados sin la retribución debida y con nulo reconocimiento. En efecto, la legislación aprobada ayer es un avance muy relevante en materia de justicia laboral y social, así como un primer paso para corregir inequidades que de manera ancestral han sido perpetuadas y normalizadas en detrimento de grupos sociales que padecen múltiples formas de discriminación: no puede soslayarse que, en nuestro país, el trabajo doméstico ha recaído y recae hasta hoy principalmente en mujeres, muchas de ellas indígenas, de las que buena parte son migrantes internas expulsadas de sus regiones de origen por la falta de espacios laborales, seguridad o descomposición social, y que se instalan en las periferias urbanas en condiciones de extrema precariedad.

Para que la ley se traslade a la realidad en beneficio de las trabajadoras del hogar y sus familias, el principal desafío reside en la concientización de los empleadores, pertenecientes, en su gran mayoría, a las clases media y alta. No es ningún secreto que en estos sectores prevalecen concepciones del trabajo doméstico discriminatorias e incluso denigrantes, en las que las trabajadoras son vistas como receptoras de caridad o sujetos de servidumbre, no como prestadoras de un servicio que debe ser retribuido de manera justa y que genera una serie de derechos, cuya cobertura es obligación de la parte patronal. Sólo en la medida en que los empleadores dejen atrás esas nociones clasistas y racistas podrán superarse la simulación y la informalidad que caracterizan a esta actividad económica y que dejan en la indefensión a millones de personas, cuya labor sufre la paradoja de que los sectores más acomodados no están dispuestos a realizarla, pero tampoco a reconocer su valía en términos de tiempo libre y descanso para quienes la delegan en otros.

Cabe esperar que la reforma, la cual suscitó rara unanimidad entre las fuerzas políticas, suponga un verdadero parteaguas del que surja el pleno goce de derechos de las trabajadoras del hogar. Para ello, los patrones deberán cumplir la ley; las autoridades, vigilar su adecuada aplicación, y las empleadas, exigir sus derechos como tales.