n el centro de rehabilitación Renovados, de Apodaca, Nuevo León, tuvo lugar en primeras horas del domingo pasado una riña entre internos y custodios que dejó un saldo de un muerto y más de 10 lesionados.
El hecho obliga a recordar las malas condiciones en las que se encuentran muchos de esos centros en el país –independientemente de que sean públicos o privados– y de las lógicas represivas y punitivas que se aplican en contra de quienes acuden a ellos por su propio pie o llevados por familiares en busca de rehabilitación. Ejemplo de ello es el asesinato a golpes de un interno, perpetrado por tres empleados de otro centro de atención contra las adicciones de ese mismo municipio, ocurrido apenas el mes pasado. Otro hecho escalofriante es el número de masacres que han tenido lugar en esos establecimientos a manos de la delincuencia organizada, como las sucedidas en años recientes en Chihuahua y Guanajuato.
Es claro que, a pesar de los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad aprobada por el Senado hace ya dos años, en mayo de 2019, no se han podido desvincular el fenómeno de las adicciones y los problemas de seguridad pública, pese a que resulta evidente la pertenencia del primero al ámbito de la salud pública.
En consecuencia, las personas que padecen adicciones, aunque legal y moralmente no son delincuentes, suelen recibir un trato no muy distinto al que se depara a los criminales, y comparten con éstos una visión social condenatoria. Por ello, hay centros de rehabilitación en los que las condiciones de vida de los internos casi no difieren de las que sufren los reclusos en una cárcel.
En tal situación es clara la necesidad de avanzar en la reformulación de la estrategia gubernamental en materia de estupefacientes que prometió la actual administración. Ello implica, entre otras cosas, separar de manera clara y tajante la dependencia a los estupefacientes del fenómeno del narcotráfico, en la inteligencia de que el primero debe ser abordado con recursos educativos, médicos y de política social, en tanto que el segundo debe ser combatido, de manera prioritaria, mediante reformas legales que permitan regular y contener el consumo de sustancias sicotrópicas por vías distintas a la de la prohibición. De esa manera se podrá desactivar la lógica perversa que hace del tráfico ilegal de enervantes una actividad extremadamente redituable, debilitar en consecuencia a bandas delictivas que basan su poderío en las desmesuradas ganancias que obtienen y sacar a los consumidores de los entornos de la criminalidad. En lo inmediato, es claro que las autoridades de salud –tanto las federales como las de los estados– deben establecer estrictas medidas de regulación y supervisión de los centros de atención contra las adicciones con el fin de impedir el maltrato a los internos y los seudotratamientos basados en castigos y violencia.
