A ocho meses de aprobada la reforma que obliga a los poderes judiciales de todas las entidades del país a hacer públicas sus sentencias, únicamente 11 han hecho los cambios necesarios a sus legislaciones locales, según un reporte de las Comisiones Unidas Jurídica, de Criterios y Resoluciones y de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

Fue el 13 de agosto del año pasado cuando se publicaron las reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su artículo 73 obligan a las autoridades judiciales de todo el país a hacer públicas las versiones de todas las sentencias emitidas.

El documento, titulado Diagnostico nacional de justicia abierta y rutas para su implementación, señala que sólo en Aguascalientes, Colima, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz se han tomado las medidas legislativas necesarias para aplicar esta nueva norma de transparencia.

De los estados restantes, uno ya aprobó su reforma en el Legislativo local, pero ésta no ha sido publicada aún; otro más ya aprobó una iniciativa al respecto en comisiones, pero no ha sido votada en el pleno de su congreso; en siete entidades más ya hay iniciativas al respecto en estudio en sus respectivas comisiones legislativas, pero en otros 12 estados ni siquiera hay un proyecto de iniciativa.

El SNT ofreció a estos estados asesorías, jornadas de capacitación y programas de software gratuitos a fin de que puedan avanzar en el cumplimiento de esta obligación legal, que les permita transparentar sus sentencias cuidando siempre los datos personales que contienen.

El plazo para que los congresos estatales cumplan para hacer estas adecuaciones a sus legislaciones locales vence el próximo 8 de agosto.