A dos años de su instalación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha integrado mil 688 carpetas de investigación. El peculado, el uso indebido de facultades y el ejercicio ilícito del servicio público son los principales delitos en las carpetas en trámite, de acuerdo con un balance de la fiscalía encabezada por María de la Luz Mijangos, que señala que el Issste, Pemex y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son las dependencias con más funcionarios acusados, con 96, 70 y 36 denunciados, respectivamente.

En su informe de labores dirigido al Senado, Mijangos pide a los legisladores que se hagan ocho reformas al Código Penal para que el organismo cumpla con su responsabilidad de manera más eficaz, como que se cambie la punibilidad mínima de los delitos relacionados con corrupción, pues algunos de ellos se castigan con sólo tres meses de prisión, lo que afecta directamente la prescripción de estos crímenes.

Creada en 2016 y puesta en marcha en 2019, la Fiscalía Especializada es una pieza clave en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado a partir de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2015. Tiene autonomía para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

En su segundo año de operación, la fiscalía, que para 2021 cuenta con un presupuesto de 123 millones 531 mil pesos, ha aumentado su capacidad operativa con más personal y ahora cuenta con 68 agentes del Ministerio Público y oficiales ministeriales, así como 15 directivos.

Uno de los indicadores más notables sobre el aumento en la capacidad operativa es que durante este segundo año la Fiscalía presentó ante el Poder Judicial 22 carpetas de investigación para solicitar audiencia inicial para imputar, señala Mijangos en el informe.

Otra de las reformas al Código Penal Federal que pide Mijangos para el mejoramiento de la investigación de la corrupción es que se modifique lo relacionado con responsabilidad penal de las empresas, para incluir como delitos la contratación ilícita, el peculado, la percepción indebida y los beneficios del ejercicio abusivo de funciones.

También solicita que en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades incluya todo tipo de contrataciones y no se limite solamente a lo económico, y que el delito de cohecho incluya el cohecho sexual, pues éste no se limita a solicitar u ofrecer dinero, sino que los servidores públicos suelen exigir favores sexuales a cambio de algún servicio.

Pide también tipificar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada como delitos accesores de los tipos penales relacionados con corrupción, así como que se considere la extorsión como corrupción cuando se trate de servidores públicos.

Otra solicitud es que se reformule la hipótesis de peculado a solamente la simple distracción de un recurso público y quitarle el beneficio económico, pues esto eleva el estándar de prueba y hace difícil su acreditación. Además, solicita ampliar el delito de percepción ilícita para aquellas empresas que disponen de los recursos derivados de programas sociales.