Debido a que el delito de robo a transportistas en carreteras y autopistas del país se incrementó en los últimos 10 años en 130 por ciento, al pasar de 4 mil 959 hurtos en 2010 a 11 mil 451 en 2020, el Senado solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al comandante de la Guardia Nacional que, en coordinación con las 32 entidades federativas, establezcan una estrategia integral para brindar mayor seguridad en las carreteras federales y estatales del país.

En un dictamen aprobado por el pleno de esa Cámara, se indica que tan sólo de enero a septiembre de 2019 se registraron 8 mil 756 delitos contra el transporte de carga, en un contexto de impunidad causado por el crimen organizado y bandas especializadas en ese ilícito.

Se subraya en el dictamen que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estima que al menos cuatro industrias de bebidas y alimentos analizan dejar de surtir a los municipios que conforman una de las zonas más peligrosas del país, integrada por los municipios de Ecatepec de Morelos, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de Baz, Tecamachalco y Tultitlán, en el estado de México; así como Morelia, en Michoacán, San Luis Potosí y Acatzingo, en Puebla, debido a la constante victimización a las unidades repartidoras.

Las comisiones dictaminadoras de este punto de acuerdo refieren que el estudio, realizado por la empresa Sky Angel, sobre seguridad y robo a transportistas, señala las repercusiones económicas derivadas de estas actividades delictivas y de inseguridad que enfrentan conductores, que por las distancias que deben recorrer no sólo son víctimas de bandas dedicadas al robo de autotransporte, sino también del crimen organizado, el cual pueden sufrir desde el robo, extorsión e incluso homicidio, y que en esas actividades delictivas son utilizados desde civiles hasta niños.

Escudo humano

En el estudio, se da cuenta de que los menores lanzan piedras a las unidades para detenerlas y los mayores de edad las abordan y las asaltan en el mismo sitio o se las llevan a poblados donde autoridades se ven neutralizadas ante la convocatoria que hacen las bandas a los habitantes locales para ser utilizados como escudo humano y repeler operativos.

Se recuerda en ese dictamen aprobado que el Código Penal Federal establece que quien cometa el delito de robo contra personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión.