El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Martí Batres, resaltó que la iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el Ejecutivo federal, no viola la Carta Magna, ya que se ciñe a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la ley suprema del país.

En entrevista, rechazó las presiones de grupos empresariales nacionales y extranjeros, que han salido a manifestarse contra la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se discute en estos momentos en la Cámara de Diputados.

Recordó que en la reforma energética impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, que permitió la privatización del petróleo y del fluido eléctrico, se dejó claro que se fortalecería a las empresas del Estado, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, explicó, la Ley de la Industria Eléctrica, que se aprobó en el sexenio peñista por el PAN y PRI, cuyos legisladores están ahora acusados de haber recibido sobornos millonarios, fue concebida para debilitar y acabar con la CFE, y para realizar negocios lucrativos de empresas privadas asociadas con políticos, que ahora defienden sus grandes ganancias.

La reforma a esa Ley de la Industria Eléctrica busca revertir esa situación, ya que se fragmentó a la CFE y se le obligó a financiar a las empresas privadas que generan electricidad, que son sus competidoras, recalcó el ex presidente del Senado.

Esa ley y las demás reglamentarias de la reforma energética de Peña Nieto se crearon para favorecer al sector privado, representan una especie de prevaricato, es decir que el Estado actuaba contra sí mismo y contra sus propios intereses, porque era el gobierno el que promovía la destrucción de la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) para beneficiar a las corporaciones privadas de manera artificial”, señaló el senador de Morena.

Al Estado, dijo, no le corresponde fortalecer a las empresas de particulares, que eso lo hagan sus dueños, sino fortalecer a las que son propiedad de la nación. De permitir que la CFE siguiera debilitándose, para que los consorcios nacionales y extranjeros aprovecharan su infraestructura y se quedaran con el mercado de la electricidad, sólo llevaría a encarecer el servicio y dejar a oscuras las regiones más pobres, como lo demuestra la experiencia internacional.

No es casual que el servicio eléctrico sea una responsabilidad pública, porque a la empresa privada lo que le interesa es obtener ganancias, no llevar electricidad a todos los rincones del país, como lo hace la CFE.

La reforma, insistió el senador Batres, busca recuperar la soberanía de la nación en sectores que la propia Constitución señala como estratégicos y en el caso de la energía eléctrica es una responsabilidad del Estado evitar que se maneje como un negocio, ya que ello pone en riesgo el desarrollo nacional.