Villahermosa, Tab., Diputados de Morena aprobaron en el Congreso de Tabasco una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal que considera penas de 10 a 20 años de prisión a quienes realicen manifestaciones con marchas y bloqueos en carreteras o impidan la ejecución de obras públicas o privadas. La oposición la llamó ley del garrote.

Con tres votos a favor y uno en contra, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso del estado avaló modificar los artículos 299, 306, 307 y 308 y adicionar los 196 bis y 308 bis del Código Penal de Tabasco.

La legisladora priísta Ingrid Rosas Pantoja se opuso a la iniciativa por considerar elevadas las penas y denunció que se pretende utilizarla como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno federal, estatal, municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas.

Tras manifestar su voto en contra, argumentó que quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho o exigir un servicio creando una ley antimarchas. El presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente desconoce este atropello democrático que se quiere hacer, porque no lo permitiría, ya que él siempre reclamó el derecho a manifestarse libremente, comentó.

La iniciativa también considera que los servidores públicos que se manifiesten serán inhabilitados de cinco a 10 años.

Los diputados que aprobaron la iniciativa (que será enviada al pleno el lunes) indicaron: Lo que estamos tratando aquí es de meter orden donde las cosas que son justas se hagan, y se están aumentando penas de 10 a 20 años para las personas que estén cometiendo delitos. Si son servidores públicos, que también sean inhabilitados de cinco a 10 años. La ley se aplicaría a quienes obstruyan vías de comunicación, porque perjudican a terceras personas que no tienen nada que ver, añadieron.