A pesar de que el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) dirigió una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas para que combatan dicho flagelo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado el compromiso suficiente para ello, advirtieron organizaciones civiles.

Durante un foro sobre el panorama de la tortura en México, realizado ayer en la Casa de la Solidaridad, Daniela Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que uno de los principales elementos que propician la comisión de malos tratos es la actitud de encubrimiento de los peritos supuestamente encarga-dos de documentarlos.

No es mala praxis ni falta de capacitación, sino encubrimiento de los equipos que se dedican a realizar pruebas como el Protocolo de Estambul, no para detectar y denunciar posibles rastros de tortura, sino para ocultarlos y desvirtuarlos con el fin de que las víctimas sigan siendo incriminadas en procesos irregulares, indicó la especialista.

En tanto, los casos de tortura que sí llegan a ser investigados, muy pocas veces culminan con una sanción a los responsables, como lo comprueba el hecho de que de un total de 5 mil expedientes, sólo 45 culminaron con una sentencia condenatoria, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.

Por su parte, Cristian Urbalejo, coordinador general del Colecti-vo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), subrayó que las instituciones mexicanas siguen sin tener capacidades suficientes para dar medidas básicas de reparación a las víctimas, como indemnizaciones económicas pero, sobre todo, procesos de rehabilitación integral.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debería crear espacios de seguridad y confianza, al respetar los tiempos de los sobrevivientes de tortura, pero en vez de eso los aleja. No se debe pensar en la rehabilitación como una simple reparación económica, sino también moral, enfatizó.

Una muestra de ello es que, según un estudio elaborado en 2017 por el CCTI, la atención sicológica a diversas víctimas de tortura no fue especializada, de acuerdo con sus circunstancias particulares, sino extremadamente genérica, a grado tal que a muchas de ellas las hicieron asistir a talleres de perdón o autoestima.

Asger Kjaerum, director legal del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, afirmó que el nuevo gobierno tiene una oportunidad de actuar en contra de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero no ha mostrado compromiso para ello.