La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local apremió al Congreso capitalino a nombrar, sin cuates y sin cuotas políticas, a los integrantes del comité de selección que designará al comité de participación ciudadana que se encargará a su vez de seleccionar al fiscal anticorrupción de la Ciudad de México.

Entre los prospectos que el organismo empresarial califica de idóneos para integrar dicho comité seleccionador, sin embargo, figuran perfiles vinculados al poder económico, que incluso han formado parte de campañas contra proyectos del actual gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía.

Es el caso de Gerardo Carrasco Chávez, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, egresado de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Panamericana, del Opus Dei.

Otro prospecto es Areli Zarai Rojas Rivera, egresada del Tecnológico de Monterrey y vinculada a las mujeres empresarias de la Coparmex Ciudad de México.

Otros dos perfiles de la Coparmex local son Ricardo Alvarado Andalón, maestro en administración y políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Guadalupe Soledad López Acosta, quien ha realizado trabajos sobre derechos de la mujer.

En conferencia de prensa, Claudia Isela Guzmán González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex local, dijo que el organismo empresarial enviará a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local un análisis de los perfiles de las personas postulantes a la comisión de selección, a fin de visibilizar la idoneidad de quienes lo integren.

De último momento, al aducir problemas de salud, el diputado local Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local, no asistió a la conferencia en la que la citada representante de la Coparmex le haría entrega del análisis.

Guzmán González dijo que el organismo empresarial analizó los perfiles de 14 postulantes a formar parte del comité seleccionador del Sistema Anticorrupción local, de los cuales el Congreso deberá designar a dos hombres y dos mujeres para que se sumen a otras cinco personas que ya fueron designadas por instituciones académicas.