l lunes pasado la firma calificadora Fitch Ratings ratificó en un reporte su criterio con respecto de los arbitrajes internacionales mediante los cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea impugnar las cláusulas abusivas de los contratos para la construcción de gasoductos firmados durante los sexenios anteriores, así como sobre las negociaciones directas que la comisión abrió con las empresas involucradas a fin de evitar dichos litigios. Según la agencia calificadora, los procedimientos mencionados crearían incertidumbre, desalentarían la inversión privada en el sector eléctrico mexicano, pondrían en duda el ritmo de otros proyectos de infraestructura de servicios públicos y harían peligrar la capacidad de la CFE de utilizar la inversión privada para ayudar a financiar proyectos.

Por principio de cuentas, los contratos impugnados quizá se encuentren dentro de la legalidad, pero son profundamente inmorales porque significan un saqueo a la empresa productiva del Estado: tal como los ha calificado el gobierno federal, son leoninos porque sus condiciones resultan jugosas para los contratistas privados, y ruinosas para CFE. Como se ha explicado en este espacio, los convenios se basan en un esquema abusivo mediante el cual la empresa pública paga la construcción y el arriendo de la infraestructura, pero ésta es entregada en propiedad a los agentes privados.

Por otra parte, el carácter de esos contratos –devastadores para una de las partes y paradisíacos para las otras– es difícil de explicar sin la comisión de actos de corrupción de los ex funcionarios firmantes; sólo eso, o bien una monumental ineptitud, habría podido llevarlos a suscribir términos tan dañinos para la empresa a la que debían servir y cuyos intereses tenían que salvaguardar.

De manera significativa, varios de quienes facilitaron esos contratos desde altos cargos en las administraciones pasadas hoy ocupan importantes puestos en las compañías beneficiadas, fenómeno de corrupción legalizada conocido como puerta giratoria, cuyo ejemplo más notorio es el ex presidente Felipe Calderón, quien como gobernante entregó jugosos contratos de generación eléctrica a la española Iberdrola y en 2016 fue integrado al consejo de administración de una de sus filiales.

Sin descargo de los implicados directos, la sistematicidad de los quebrantos muestra que se inscriben en la estrategia neoliberal para desmantelar a Petróleos Mexicanos y la CFE mediante su fragmentación, el establecimiento de mecanismos de saqueo, el que ambas entidades fueran forzadas a competir en desventaja con sus contrapartes privadas e incluso la imposición de términos que obligaban a sus respectivas subsidiarias a competir entre sí.

En este contexto, las advertencias de Fitch suponen prácticas de chantaje para presionar a la CFE a que valide cualquier abuso cuyo cuestionamiento pueda causar desagrado entre los dueños de los grandes capitales. Si, como afirma la calificadora, los contratos suscritos con IEnova, TransCanada-TCEnergy, Fermaca y Carso Energía son sólidos y confiables porque se firmaron como resultado de un proceso de licitación pública internacional y se rigen por las normas internacionales de derecho, entonces denunciarlos ante las instancias de arbitraje establecidas para tal propósito es una medida perfectamente legal, y no debiera ser causa de extrañeza, para Fitch o para cualquier otro agente, que en un estado de derecho se rechace cualquier tipo de práctica abusiva.

Por último, la embestida de la entidad financiera denota un afán por desconocer los cambios experimentados en nuestro país durante el último año, así como la existencia de un gobierno cuyas prioridades explícitas son reconstruir la industria energética y recuperar la soberanía de la nación sobre este sector estratégico. A contracorriente de este mandato popular expresado en las urnas, Fitch parece apelar a realidades de hace cinco años, cuando se empeñó el futuro de México con una reforma energética que hoy está muerta, porque resultó un fracaso mayúsculo y un desastre para el país.