Un grupo de organizaciones civiles, incluyendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), advierten con alarma una falta de claridad de roles, responsabilidades y coordinación entre la Guardia Nacional y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Esto revela un cambio profundamente preocupante en la dirección de la política migratoria mexicana como resultado de la presión de Estados Unidos, criticaron.

Tras el trato alcanzado entre Estados Unidos y Mexico el 7 de junio, el gobierno mexicano acordó el despliegue de 6 mil efectivos de su Guardia Nacional hacia el límite territorial sur de México.

A partir de entonces, la administración mexicana ha confirmado el despliegue de 15 mil miembros adicionales de este cuerpo de seguridad recién creado hacia la frontera norte.

Las organizaciones recordaron el incidente del 23 de junio, en el que seis agentes de la Guardia intentaron registrar, sin orden judicial ni causa legal, el albergue Centro de Atención al Migrante Exodus (Came), en Agua Prieta, Sonora y acosaron a los defensores que ahí laboran.

"Estamos muy preocupados por la naturaleza de estas acciones de la Guardia Nacional que parecen tener el objetivo de intimidar o cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los refugios que han prestado asistencia humanitaria y apoyo a los migrantes durante décadas", condenaron.

Para las agrupaciones firmantes, que incluye a Latin America Working Group (Lawg) y la Comisión de Mujeres Refugiadas, las fuerzas de seguridad deben rendir cuentas por la intimidación o las amenazas contra grupos de la sociedad civil, así como por los casos de uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a los derechos humanos.

“Instamos al gobierno mexicano a aclarar el papel de la Guardia Nacional con respecto a las actividades migratorias y a no condonar ninguna actividad que sirva para criminalizar a los defensores de derechos humanos".

Demandaron respetar los derechos de las personas a la libertad de movimiento y al derecho a buscar protección internacional en Estados Unidos o en México, y abstenerse de celebrar un acuerdo de tercer país seguro.