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Responden ONG a ataques policiales con la campaña #DefensoresSinMuros
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de julio de 2019, p. 10

Los defensores de derechos de migrantes sufren ataques, detenciones, criminalización y difamación por su trabajo.

Frente a ello, la organización irlandesa Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (que agrupa a 87 organizaciones de 23 estados de México) lanzaron ayer la campaña #DefensoresSinMuros. La meta es dar reconocimiento público a la valiosa labor de activistas, colectivos y albergues que apoyan a los migrantes, así como exigir un alto a los ataques en su contra y sanción a los responsables.

El próximo mes darán a conocer un informe en el que documentan el repunte de la criminalización y la violencia contra estos defensores. La campaña –que ya se difunde en redes sociales con el hashtag #DefensoresSinMuros– consiste en una serie de videos en la que los propios activistas narran sus experiencias, el trabajo que realizan, su resistencia frente a la criminalización, los ataques físicos, detenciones, deportaciones, interrogatorios, vigilancia, difamación y violencia de Estado en su contra.

La creciente represión contra el trabajo de defensores de los derechos de los migrantes es especialmente peligrosa y afecta de manera desproporcionada a los activistas que también son migrantes, refugiados y solicitantes de asilo (especialmente aquellos que acompañan a otros en territorio mexicano o que dirigen albergues y casas de acogida en la frontera), a defensores indocumentados en Estados Unidos, señalaron los impulsores de la campaña.

En la movilización participan Bertha López, religiosa de los Misioneros de Cristo Resucitado; el doctor Scott Warren, quien trabaja en temas de migración en Ajo, Arizona, perseguido judicialmente en Estados Unidos; los mexicanos Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, detenidos hace unas semanas acusados por la Fiscalía de tráfico de personas, delito que no se pudo acreditar.