Trabajadores de la empresa Servicios Ecológicos y Viales Rosmalen, una outsourcing subcontratada por el Congreso de la Ciudad de México para realizar la limpieza en el recinto de Donceles y Allende y otros cuatro inmuebles, prevén efectuar paros por irregularidades en el pago de sus salarios y la intención de la empresa de obligarlos a firmar un contrato con el que pretende depositarles su salario cada mes y no por quincena.

El contrato contiene una cláusula que sanciona a los trabajadores por la intención de constituir una empresa cooperativa para la prestación del mismo servicio, incluso a través de terceros, en cuyo caso se obliga a pagar al patrón la cantidad de 2 millones de pesos en efectivo en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la fecha en que sea notificado por incumplimiento, independientemente de otros posibles daños y perjuicios que se determinen, además de acciones penales.

Tras concluir la relación contractual con Grupo Profesional de Servicios U4 para dichas labores en marzo, el Congreso otorgó por licitación el contrato a Rosmalen por más de 11 millones 400 mil pesos.

Esta compañía se constituyó como patrón sustituto de los trabajadores que laboraban en el Congreso para U4, que se fue sin pagarles finiquito sin que el Congreso tomara acciones para resarcir dicha omisión.

En mayo pasado, trabajadores denunciaron a La Jornada que desde la primera quincena de abril Rosmalen depositó incompleto su sueldo; así por ejemplo, quienes laboran dos turnos –de 7 a 14 horas y de 14 a 21 de lunes a viernes– con sueldo de 3 mil 700 pesos, les han quitado hasta 400 pesos.

El 10 de junio, la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, Margarita Saldaña Hernández, del PAN, promovió un exhorto aprobado por la Comisión Permanente para indagar esa situación por medio del Comité de Administración y Capacitación, verificar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa con los trabajadores e instruir en su caso a la Oficialía Mayor a tomar medidas para garantizar que respete sus derechos laborales.

Hasta el pasado fin de semana, la legisladora dijo no tener información de que se haya atendido el exhorto, en tanto que los trabajadores señalaron que el problema persiste y hay acoso laboral.