La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifestó la urgencia de instalar a la brevedad la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tras los casos de los universitarios Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, cuya denuncia de secuestro y ausencia, respectivamente, terminó en su asesinato la semana pasada.

Hoy, expuso el organismo, se requieren políticas públicas integrales para la búsqueda y localización de personas, independientemente de su clasificación jurídico-penal, como son secuestro, desaparición forzada, trata, tráfico de menores o apropiación de niños.

La ciudad cuenta con diversos mecanismos instruidos por la ley, pero falta la debida diligencia y coordinación de las autoridades para que en todos los casos de denuncia de un hecho de esta índole se activen de inmediato los sistemas de búsqueda, indicó.

Comentó que en los años recientes se han desarrollado en el país diversas normas jurídicas para la búsqueda de personas, como el Mecanismo de Apoyo Exterior, la Alerta Amber o el Protocolo Alba, pero se requiere instalar una comisión.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el 16 de mayo que entraría en funciones la primera quincena de junio, pero se amplió el plazo para recibir las propuestas de candidatos a ocupar la titularidad del nuevo organismo.

Se requiere, consideró la CDHDF, un perfil con credenciales académicas y profesionales adecuadas y con la sensibilidad para atender este flagelo, y se le dote de inmediato de los recursos humanos, materiales y financieros para trabajar.

También se necesita instalar a la brevedad todos los registros y bases de datos que las normas jurídicas ordenan a las autoridades de la Ciudad de México, así como el correcto funcionamiento de los diversos servicios de vigilancia con los que cuenta, afirmó.

Los diversos mecanismos existentes para la localización de una persona, como banco de datos, registro de personas desaparecidas y fallecidas no identificadas y no reclamadas, de fosas o detenciones, que deben agilizar el proceso, aún no son una realidad.

Las herramientas jurídicas permiten una serie de acciones articuladas para la búsqueda de una persona desaparecida, que van desde la difusión de fotovolantes, la intervención de policías de investigación y revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

No obstante, falta la debida diligencia y coordinación de las autoridades para que en todos los casos de denuncia de una persona desaparecida se activen de manera inmediata y urgente los diversos mecanismos de búsqueda, señaló el organismo.