El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, llamó la atención de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la detención de los defensores de migrantes Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mujica Arzate, acusados del presunto delito de tráfico de personas.

Fuentes del caso informaron a este diario que el jueves 6 de junio llegó a las oficinas de la FGR un oficio firmado por Encinas dirigido a la subprocuradora de Derechos Humanos de esa dependencia, Sara Irene Herrerías, en el que le solicitó gire sus instrucciones a quien corresponda para que, en el ámbito de su competencia, nos comparta la información que se dispone sobre la acusación de los detenidos, observando en cada caso los presupuestos del debido proceso legal en favor de estos ciudadanos.

Hay que recordar que Mujica es beneficiario del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la SG; en tanto que Sánchez está en proceso de incorporación al mismo.

La FGR los acusa de tráfico de personas, en el caso de Sánchez con la agravante de que habría involucrado a menores de edad. Este martes 12 se realizarán sendas audiencias en Tapachula, Chiapas, donde se asientan las indagatorias para que el juez decida si existen circunstancias para vincular a ambos a proceso.

Activistas y sus abogados señalaron que ambos se encontraban fuera de Tapachula en las fechas indicadas de haber cometido el ilícito. A Mujica se le señala de haber facilitado el ingreso de personas a territorio mexicano sin la documentación correspondiente entre el 23 y 27 de febrero de este año, pero él estaba entre Pijijiapan, Chiapas, e Ixtepec, Oaxaca.

A Sánchez se le responsabiliza de haber cometido el delito el pasado 29 de marzo, día que estuvo en la Ciudad de México. Éstas serán algunas de las pruebas que sus defensores presenten este martes.

Las fuentes gubernamentales consultadas señalaron que hay una línea clara entre defender al migrante y traficar personas: el lucro. Agregaron que en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación hay preocupación por los efectos y el miedo que estas detenciones pudieran tener entre los defensores de migrantes.

Por separado, la organización Pueblos sin Fronteras, de la que Irineo es director, exigió la liberación de ambos. Ellos son completamente inocentes y creemos en su palabra, en su compromiso por la justicia y porque este mundo sea mejor, dijo Gina Garibo, integrante de esa agrupación.

Margarita Núñez, del colectivo LIS Justicia en Movimiento, afirmó que estas aprehensiones obedecen a una persecución política cuyo fin es complacer al gobierno de Estados Unidos y hacerle ver que México está frenando a los migrantes indocumentados para evitar la imposición de aranceles.