a mezcla de sanciones comerciales y conflictos migratorios impone una serie de condiciones de carácter inmediato en la compleja relación de México con Estados Unidos. También crea un nuevo escenario que se extenderá, cuando menos, mientras Donald Trump sea presidente.

La manera en que se planteó el conflicto, tras muchos meses de reclamos por la abundante corriente de migrantes centroamericanos que cruzan el país hasta la frontera, fue determinando el desenlace de la reciente doble disputa.

Trump practica in extremis la táctica de llevar las negociaciones políticas al borde del abismo. Eso hizo en el caso de su política migratoria y se presentó como vencedor.

El presidente López Obrador ha mantenido consistentemente la postura de no confrontarse con Trump; ha dicho que “para que haya un pleito se necesitan dos, y nosotros no queremos pleito… Miren, nosotros, amor y paz”.

En principio el Presidente puede tener razón. Hemos de suponer que sopesó las fuerzas relativas en pugna y sabe que una confrontación acarreará costos económicos y sociales que el país podría no soportar. Es mucho lo que está en juego en tanto consigue asentar su programa de gobierno y va alcanzando sus objetivos.

Mientras tanto, a más de cinco meses de iniciada esta administración, las cosas no están para resistir zarandeos mayores. La economía está en una situación de letargo asociada con la política de austeridad que se aplica, con la frágil situación financiera del sector público (por ejemplo, Pemex, CFE y el sector salud); el costo social va en aumento, y el estado de las expectativas que no asienta de modo favorable.

La reciente degradación de la calidad de la deuda soberana del país, decretada por un par de agencias calificadoras, no contribuye a mejorar el escenario. Puede criticarse esta decisión, cuestionarse lo que representan esas agencias, pero el hecho ahí está y afecta adversamente las acciones de los inversionistas fuera y dentro del país.

Las negociaciones bilaterales para evitar la aplicación de las tarifas a las exportaciones mexicanas con que amenazó Trump acabaron en una Declaración Conjunta sobre el conflicto migratorio emitida hace un par de días.

Ahí se establece que México reforzará las medidas legales para reducir la migración irregular, desplegando incluso a la Guardia Nacional en todo el territorio, y que actuará para desmantelar las bandas de traficantes de personas y sus redes de financiamiento y tráfico.

El gobierno se comprometió a recibir sin demora a aquellos que hayan cruzado a Estados Unidos para solicitar asilo y esperar aquí la resolución de su caso, además de que ofrecerá oportunidades de trabajo, acceso a la salud y educación a los migrantes mientras estén en el país. No se afirma que México se haya convertido de facto en tercer país seguro, pero se aproxima mucho.

Se estipula que en caso de que las medidas acordadas no tengan los resultados esperados, habrá medidas adicionales. Es decir, el conflicto sigue latente, pero las condiciones han cambiado significativamente para México.

Trump disuadió una acción efectiva del gobierno de México frente a la amenaza de las tarifas. Con esto previno el impacto negativo que tendrían en su país y además satisfizo a sus seguidores ya en plena actividad política para relegirse en la presidencia. Creó el conflicto, lo llevó al extremo y a punto de cumplirse el plazo para aplicar las tarifas lo destrabó fijando las condiciones y se quedó con las manos listas para seguir apretando.

Puso en evidencia, asimismo, que no hay mucho margen de maniobra interna. Pero no sólo eso, sino que impuso un costo muy elevado al gobierno mexicano para cumplir con los compromisos del acuerdo que se alcanzó. Esto, además de que sienta precedentes, se enmarca en el hecho de que el T-MEC aún no ha sido ratificado, lo cual le deja un arma en las manos.

Como sucede con los terremotos, de esta confrontación aún habrá réplicas y la naturaleza del conflicto genera mucha incertidumbre.

El gobierno mexicano había replanteado ya su política migratoria original de libre acceso, en especial con los países centroamericanos, pero ante las exigencias de Estados Unidos ahora tendrá que hacerlo aún más.

Frente a las declaraciones de ambos gobiernos destaca la categórica postura de la lideresa de la Cámara de Representantes de aquel país. Nancy Pelosi señaló en un comunicado sobre el reciente acuerdo bilateral: Estamos profundamente decepcionados con la expansión de la fallida política de permanencia en México de la administración (Trump), que viola el derecho de asilo bajo la ley de Estados Unidos y fracasa en abordar las causas de la migración centroamericana.