Nueva York. Más de 500 manifestaciones se realizaron en decenas de ciudades a lo largo del país en protesta contra la ofensiva conservadora para anular el derecho al aborto impulsada por el régimen de Donald Trump y sectores derechistas, calificada de guerra contra las mujeres por defensores de derechos civiles.

Las acciones responden a una serie de nuevas leyes promulgadas por fuerzas conservadoras en varios estados para limitar severamente e incluso prohibir la suspensión del embarazo con el objetivo final de provocar una disputa legal en la Suprema Corte para anular el fallo que legalizó el aborto a escala nacional hace cuatro décadas.

El estado de Alabama promulgó este mes la ley más severa del país, que en los hechos prohíbe el aborto aun en casos de embarazo por violación sexual o incesto y establece penas hasta de 99 años de cárcel para doctores que se atrevan a incumplir esta norma. Otras leyes estatales recién aprobadas (no todas han sido promulgadas todavía) en por lo menos ocho estados prohíben el aborto después de que se detecta un latido de corazón en el feto, aproximadamente seis semanas, plazo en el cual muchas mujeres ni están enteradas de que están encintas.

El propósito detrás de este impulso a restricciones más extremas contra el aborto en décadas, es que activistas pro vida, sobre todo de la derecha cristiana y la Iglesia católica, están confiados en que ahora podrán lograr su sueño después de que Trump instaló a dos jueces antiaborto en la Suprema Corte. Con ello, ahora existe una mayoría conservadora de cinco contra cuatro en el máximo tribunal, y se supone que con ello se podrá revertir el fallo histórico de 1973 conocido como Roe v Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos.

El propio Trump, en esta coyuntura, ha reiterado su posición pro vida al invitar a esta disputa.

Ante esto, ayer se realizaron protestas a lo largo del país, incluida una frente a la Suprema Corte, en Washington, y los tribunales federales en Nueva York, donde en cada lugar cientos de activistas pro aborto y pro derechos de la mujer y políticos, incluyendo algunos de los precandidatos presidenciales demócratas, expresaron su repudio a las nuevas leyes.

Las protestas fueron convocadas por una gama de organizaciones que han estado al frente de la defensa del derecho de la mujer al aborto, entre ellas NARAL, Planned Parenthood, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Women’s March.

Este es el inicio de la guerra del presidente Trump contra las mujeres, declaró la senadora demócrata y precandidata presidencial Kirsten Gillibrand ante los manifestantes en Washington. Advirtió que si él quiere esta guerra la tendrá y va a perder. Otros políticos y activistas hicieron eco de estas posiciones.

Algunos activistas indican que la ofensiva contra el aborto es sólo parte de una guerra más amplia contra las mujeres en este país. La ACLU tuiteó, por ejemplo, que aunque las mujeres en Estados Unidos representan sólo 4 por ciento de la población femenina mundial, son 33 por ciento de las encarceladas en el mundo y 80 por ciento de éstas son madres.

Otros señalan la hipocresía de líderes políticos y religiosos pretendiendo defender la vida sagrada de los aún no nacidos en lugares como Alabama, estado con la tasa más alta de mortalidad infantil en el país, con el mayor nivel de pobreza de los menores de edad y que ocupa el lugar 46, de 50, en educación, reporta la periodista de Los Angeles Times Jackie Calmes.

Señalando que muchas de estas leyes fueron aprobadas por el género masculino en las legislaturas (la de Alabama, por ejemplo, por 25 hombres blancos en el Senado estatal), la comediante Samantha Bee concluyó: supongo que los hombres no aman nada más que ser policías de los cuerpos de las mujeres, pero lo que todas estos proyectos de ley tienen en común es que demuestran que quienes los están formulando no tienen ni puta idea de cómo funciona el sistema reproductivo y, por lo tanto, dedicó su programa Full Frontal a ofrecer educación sexual a los senadores.

Mientras, el régimen de Trump ha llevado su guerra contra las mujeres a escala mundial, al suspender todo financiamiento de organizaciones internacionales de salud y de servicios de apoyo a familias que ofrecen servicios de aborto o incluso si sólo educa a la gente sobre esa opción.