Buenos Aires. Contraviniendo normas judiciales comenzó ayer por la mañana el juicio oral federal a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a 12 funcionarios y empresarios por el caso conocido como Vialidad Nacional, en el cual la ex mandataria es acusada de ser jefa de una matriz de corrupción, con la cual supuestamente sustrajo, junto con su marido Néstor Kirchner (fallecido), unos mil millones de dólares del erario.

Fernández de Kirchner escuchó en silencio la lectura de cargos, al igual que los otros acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el empresario Lázaro Baez y Carlos Kirchner, primo del ex presidente.

Pese a la advertencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de la posibilidad concreta de que el proceso se declare nulo o sea interrumpido, el juicio fue llevado a cabo en el tribunal oral federal número 2, ubicado en Comodoro Py, sede del Poder Judicial.

Para los abogados defensores y los expertos en leyes, la decisión de la Corte Suprema validó las denuncias sobre un juicio destinado a la persecución política y una maniobra del gobierno con el objetivo de desprestigiar a la ex mandataria y sus funcionarios, en un año de campaña para elegir presidente, en los comicios de octubre próximo.

Esto quedó evidenciado con la concurrencia de numerosos simpatizantes que acompañaron a la ex presidenta a los tribunales, a pesar de sus pedidos de no movilizarse para evitar cualquier agresión dado el insólito operativo de seguridad dispuesto por el gobierno en las adyacencias del tribunal de Comodoro Py.

En la sala donde se desarrollaría la primera audiencia de este juicio eran también numerosos los dirigentes políticos, sociales, gremiales y defensores de derechos humanos que acompañaron con su presencia. Destacó la asistencia de su ex ministro de Economía Axel Kicillof, así como las dirigentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, respectivamente.

Numerosas fueron también las críticas severas al documento que plantea generalidades y hace énfasis en los temas de corrupción y no en las causas en que se basa el juicio que, además, se agravó con las evidentes presiones y amenazas que el gobierno ejerció sobre la Corte Suprema y los jueces que participan en esta causa.

En el contexto de la investigación se realizaron cinco peritajes parciales de las 51 obras públicas. Éstos podrían quedar terminados hasta agosto de este año y los jueces del máximo tribunal tendrían la posibilidad de ordenar que se estudien algunas construcciones más, o todas, y en este caso el juicio sería nulo debido a que no se puede llegar a la instancia del juicio oral sin haber concluido las investigaciones y haber presentado las debidas pruebas.

A su vez, los especialistas que formaron parte de esta causa determinaron que las obras fueron realizadas en tiempo y forma, y no hubo sobreprecios, lo cual provocaría que se caiga el proceso al no poder comprobar lo denunciado.

Si algún elemento faltaba en este entramado es que los tres testigos arrepentidos que presentaría el tribunal son investigados por estar involucrados –con pruebas contundentes– en la red de extorsión, escuchas ilegales y formación de causas falsas, junto con altos funcionarios del gobierno que los asesoraron y prepararon los testimonios que debían dar contra la ex presidenta y sus funcionarios, algunos de ellos acusados penalmente.

En el transcurso de la sesión se vivió un momento de gran tensión, cuando el abogado de De Vido intentó plantear la nulidad de estas actuaciones judiciales, a lo que los magistrados respondieron que esa posibilidad se propondrá una vez que concluya la lectura de cargos.

La audiencia duró tres horas y la próxima quedó fijada para el lunes entrante.

Según la acusación, la ex mandataria lideró una organización criminal para defraudar al Estado contratando obra pública en la provincia de Santa Cruz por conducto de testaferros con el Grupo Austral Construcciones, propiedad de la familia Kirchner. Sin pruebas se le imputa haber facturado unos mil millones de dólares.

Poco antes de la audiencia, Fernández de Kirchner tuiteó: En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial.

En el lugar número 117 de los testigos convocados para esta causa que deberá concluir en 2020, figura el abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. El pasado fin de semana la ex presidenta anunció sorpresivamente que Fernández será precandidato presidencial y ella lo acompañará como vicepresidenta en los próximos comicios.

Una variedad de analistas locales calificó de show judicial y circo político el inicio de este juicio para encubrir el desastre económico y social que vive el país. Lo que además no está dando ningún rédito al gobierno del empresario Mauricio Macri, porque crece el apoyo a Cristina Fernández por considerarla una víctima de persecución política, y después de haber dado la sorpresa de correrse de la candidatura a la presidencia, a pesar de tener la imagen positiva más alta y ser la ganadora de los próximos comicios, según las encuestas.