La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos solicitó a la alcaldía de Coyoacán información sobre tres empleados de su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, acusados del delito de cohecho.

En el documento del 2 de abril pide copia certificada de la constancia de los nombramientos, fotografías del censo institucional, domicilios particulares, adscripción actual y cargos de Francisco Rodríguez García, Mónica Castellanos Salazar y Enrique Bermejo de Santiago.

Dicha instancia, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, señaló que en caso de que alguno ya no labore para la institución, indique desde qué fecha y su última adscripción.

Los datos proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos de la alcaldía permitirán la debida integración y perfeccionamiento legal de la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-IC/D/735/02-2019, apuntó.

A siete meses de tomar posesión, la administración de Manuel Negrete enfrenta esta nueva acusación por cohecho, por personas nombradas por él, como Mónica en la subdirección de Licencias, Manifestaciones de Construcción y Certificaciones de Uso de Suelo; Enrique en la jefatura de la Unidad Departamental de Trámites de Desarrollo Urbano, y Francisco en una jefatura en la Dirección de Obras, pero fue removido tras una restructuración, por lo que se desconoce si continúa prestando sus servicios.

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano está a cargo de Silvia Jiménez Gómez, y hasta el momento la PGJ no cuenta con la información requerida, por lo que envió dicho recordatorio a las autoridades de Coyoacán.

En marzo pasado cuatro empleados de la demarcación, entre ellos el asesor Eduardo Ramírez Vallejo y el concejal Ramón Gildardo Flores Ramírez aceptaron haber recibido dinero de empresarios para instalar una feria en la Alameda del Sur.

Tras ser presentados ante un juez de control aceptaron pagar 100 mil pesos por reparación de daños y 30 mil por perjuicios, con lo cual quedaron absueltos en materia penal, pero continúa la investigación en la Contraloría General, que podría imponerles desde una sanción económica hasta una inhabilitación, informó la PGJ.