Para prevenir el uso partidista, discrecional, arbitrario o electoral de recursos públicos mediante acciones sociales o actividades institucionales de desarrollo social en alcaldías y dependencias, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso capitalino una iniciativa de reformas y adiciones a las leyes de Desarrollo Social y de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos.

El proyecto plantea que las acciones sociales –a las que recurren las alcaldías (antes delegaciones) para entregar apoyos que van desde tabletas, pintura, láminas y tinacos, hasta transferencias económicas– deberán ceñirse a lineamientos y criterios que emita el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, como actualmente hace para los programas sociales, y no podrán iniciarse en los seis meses previos a una jornada electoral.

Dichas acciones, señala una de las adiciones a la Ley de Austeridad, deberán presentarse al consejo para su aprobación, que resolverá de manera fundada sobre la acción social en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción del proyecto.

La norma prevé que en el caso de acciones sociales derivadas de contingencias o emergencias podrán articularse de manera inmediata, pero las alcaldías, entidades, dependencias u órganos desconcentrados que las apliquen deberán remitir al consejo sus lineamientos dentro de un plazo de 15 días.

En su exposición de motivos, la iniciativa advierte que paulatinamente se ha observado un incremento de las acciones sociales, cuyos presupuestos rebasan incluso los que se destinan a programas sociales, cuando su carácter debía ser contingente, temporal, emergente o casuístico.

Ejemplo de esto fue que en 2018, año electoral, con los fondos adicionales que aprobó la extinta Asamblea Legislativa a las entonces delegaciones, Coyoacán destinó unos 160 millones de pesos para entregar tabletas electrónicas; Gustavo A. Madero destinó 68 millones en Fomento al Empleo, que consistió en dar un solo apoyo de 2 mil 500 pesos a 27 mil 200 personas, e Iztapalapa ejerció 100 millones para juguetes, 30 millones para regalar sudaderas, zapatos y tenis, y otros 100 millones para pintura.

“La propia naturaleza y estructuración de las acciones sociales –advierte la iniciativa– envuelve riesgos de utilización partidista, discrecional, arbitraria o electoral del gasto asociado a ellas, además de que su presupuesto no cuenta con mecanismos de control adecuados”.

Sheinbaum entregó además al Congreso capitalino la iniciativa de Ley de Planeación del Desarrollo, en la que se establecen como objetivos del sistema de planeación de la ciudad asegurar su desarrollo sustentable; revertir el deterioro de los últimos años en desarrollo urbano, movilidad y medio ambiente; garantizar a los ciudadanos la accesibilidad a los derechos que establece la Constitución local, así como incidir en la redistribución de la riqueza y reducir las desigualdades económicas y territoriales.

La iniciativa confiere a los ciudadanos la responsabilidad de la planeación democrática de la ciudad junto con sus autoridades y establece los lineamientos, procedimientos y plazos para la elaboración de los instrumentos del sistema y la instalación del instituto de planeación democrática y prospectiva.