a propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que el gobierno federal presentará a la Cámara de Diputados incluye una denuncia por la devastación sufrida en el sistema educativo a manos de los gobiernos oligárquicos del denominado periodo neoliberal –es decir, las presidencias de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña–, debido a que éstos convirtieron a los niveles básico, medio y medio superior en oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos inservibles y a precios inflados.

Lo cierto es que la política educativa seguida al menos durante los tres pasados sexenios, y en especial la reforma constitucional en la materia aprobada en 2013, fueron resultado directo de las presiones e incluso la abierta extorsión ejercidas de manera incesante por organismos empresariales y paraempresariales. También lo es que la introducción del concepto de calidad en el texto del artículo tercero constitucional se ha usado como pretexto para que instituciones privadas, algunas de las cuales carecen de vínculos con las esferas académica, docente o pedagógica, vendieran al sector público toda suerte de productos y servicios cuyo aporte a la formación de los niños y jóvenes se encuentra lejos de ser evidente.

Igualmente grave resulta que la ofensiva mediante la cual los citados organismos usurparon las funciones del Estado en el diseño y concepción de la política educativa tuvo su correlato en una inefable campaña de estigmatización en contra del magisterio democrático organizado y de las escuelas normales, así como en un brutal abuso de la fuerza pública en contra de los defensores de la educación pública, que más de una vez arrojó saldos trágicos.

La política neoliberal no sólo desvió millonarios recursos públicos al sector privado o a instancias pretendidamente públicas que en los hechos funcionan como correas de trasmisión de la voluntad empresarial –de manera destacada, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)–, sino que al mismo tiempo significó el descuido sistemático de la infraestructura material de los centros educativos y la acumulación de reza-gos en el acceso y permanencia de los estudiantes. Todo lo anterior apunta, más que a errores o insuficiencias, a un desmantelamiento deliberado de la educación pública a fin de transferir cada vez más funciones a la iniciativa privada.

Cabe esperar que los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo en este rubro contribuyan de manera significativa a corregir las lacras señaladas, pues queda claro que sólo rescatando una educación auténticamente pública se logrará que ésta sirva tanto al cabal desarrollo personal de niños y jóvenes como a la mejora de las condiciones de vida de todo el país.