l secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, se encuentra en una situación comprometida por el cúmulo de indicios de que tergiversó el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la presidencia en 2016, omitió todo lo referente a los esfuerzos de obstrucción de la justicia desplegados por el magnate durante la investigación y mintió al Congreso durante su comparecencia del miércoles ante el Senado.

La difusión de una carta en la cual Mueller denuncia la manipulación de su informe por parte de Barr ya había obligado a éste a reconocer ante la Cámara alta que la exoneración del mandatario era una conclusión propia y no parte del documento, como originalmente había dado a entender. Cabe recordar que el pasado 18 de abril el abogado del gobierno estadunidense divulgó una versión pública del reporte, en una presentación criticada desde un inicio por haberse programado en un momento en que el Congreso se encontraba cerrado por Semana Santa, e incluso antes de que la prensa y el público hubieran podido leer los resultados de la investigación, que, para colmo, sufrió serias mutilaciones con el fin de preservar datos confidenciales.

A raíz de lo anterior, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que al haber mentido al Congreso, Barr incurrió en una acción grave e incluso delictiva. Sin duda, la posición del fiscal general no se ve fortalecida por su negativa de ayer a presentarse de manera voluntaria ante la Cámara baja, lo que forzará a esta instancia a emitir un requerimiento formal.

El desarrollo de los acontecimientos hace suponer que Barr podría ser el próximo fusible del equipo del presidente republicano; es decir, que puede ser sacrificado para ganarle tiempo al mandatario en su doble lucha por rehuir a la justicia y lograr la relección en los comicios del próximo año. Como señaló el representante demócrata Don Beyer, lo que ha quedado claro es que, en los hechos, Barr es el abogado defensor del presidente y no el fiscal general de Estados Unidos, un conflicto de intereses que ya era explícito incluso antes de que asumiera el cargo: como se mencionó en este espacio semanas atrás, Barr no sólo tenía preferencias partidistas bien conocidas, sino que incluso había descalificado el trabajo de Mueller y defendido la imposibilidad de acusar a Trump por obstrucción de la justicia.

Más allá de la vergonzosa actuación de Barr, el fondo del conflicto reside en la alarmante circunstancia de que logre mantenerse en funciones un mandatario tan cuestionado, cuyos actos son continuamente impugnados tanto por jueces como por legisladores, que, en suma, opera en un difuso límite –hasta donde se sabe– entre lo legal y lo ilegal.

Para dimensionar hasta qué punto la permanencia de Trump es reflejo del deterioro institucional estadunidense, basta con recordar que hace más de 40 años Richard Nixon fue destituido y condenado a la muerte política por actos de menor gravedad, así como el hecho de que hace dos décadas la presidencia de William Clinton se tambaleó seriamente por un caso en el cual nunca hubo un delito que perseguir.

En conclusión, lejos de despejar las dudas en torno a la actuación del inquilino de la Casa Blanca, con su pésimo manejo del informe de Robert Mueller el titular del Departamento de Justicia ha exhibido, así sea de manera involuntaria, a una presidencia transgresora.